La empresa líder en comercio electrónico y servicios financieros en Argentina, Mercado Libre, presentó una denuncia contra 36 bancos de su país por supuestas prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech. La denuncia fue presentada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y busca poner fin a lo que la compañía considera como una cartelización para evitar la competencia en el mercado de billeteras virtuales.

Según el comunicado emitido por Mercado Libre, los 36 bancos que forman parte de la billetera digital Modo estarían operando en conjunto sin haber notificado ni solicitado autorización a la CNDC, lo cual infringe la ley de defensa de la competencia en Argentina. La empresa argumenta que esta supuesta cartelización busca perjudicar a la industria fintech y a sus usuarios, impidiendo que los bancos compitan entre sí con sus propias billeteras virtuales.

Esta denuncia surge como respuesta a una anterior presentada por los bancos que conforman Modo, quienes acusaron a Mercado Libre de prácticas anticompetitivas que generaban efectos negativos en el mercado. Según los bancos, la compañía de comercio electrónico estaría maximizando desproporcionadamente sus ganancias a costa de restringir la oferta de valor para los usuarios.

Mercado Libre, que también cuenta con beneficios fiscales en Argentina, recibe aproximadamente 100 millones de dólares anuales en exenciones impositivas como parte de la ley de promoción de economía del conocimiento. La empresa, valorada como la más grande de Latinoamérica, ha logrado posicionarse como líder en el mercado gracias a sus servicios financieros como la popular billetera virtual Mercado Pago, utilizada por miles de usuarios en Argentina y Uruguay.

El conflicto entre Mercado Libre y los bancos pone de manifiesto la creciente competencia en el mercado fintech argentino, donde la innovación y la regulación juegan un papel fundamental en la lucha por captar a los usuarios. La CNDC deberá analizar las denuncias presentadas por ambas partes para determinar si existen prácticas anticompetitivas que afecten el libre mercado y los derechos de los consumidores.

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