Cuatro inmigrantes que fueron arrestados en operativos migratorios en la capital estadounidense, junto a la organización comunitaria CASA, presentaron una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, alegando que las redadas violaron derechos legales fundamentales al realizar detenciones sin orden judicial ni causa probable.

La acción legal, registrada en el Tribunal del Distrito de Columbia, cuestiona la legalidad de las redadas realizadas por agentes federales de inmigración, quienes, según la denuncia, han llevado a cabo arrestos sin respetar los procedimientos establecidos en la legislación migratoria de EE. UU.

Los demandantes —dos salvadoreños, un hondureño y un venezolano— afirman haber sido detenidos de manera arbitraria y liberados posteriormente, tras confirmarse que mantenían procesos migratorios activos. La demanda sostiene que estas detenciones forman parte de un patrón sistemático de arrestos indiscriminados en Washington, D.C., especialmente desde el mes de agosto del año pasado, cuando la administración Trump declaró una «emergencia criminal» que justificó el despliegue de agentes federales.

La organización CASA, que brinda apoyo a comunidades inmigrantes, se sumó al litigio señalando que los operativos han impactado negativamente su labor. Según argumenta la entidad, han debido redirigir recursos y personal desde sus programas habituales hacia la atención de personas detenidas y sus familias, afectando así sus capacidades de servicio social.

“La práctica de detener a inmigrantes sin cumplir con los requisitos legales ignora límites fundamentales establecidos por el Congreso”, afirmó Aditi Shah, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Distrito de Columbia, una de las entidades que representa a los demandantes. “Los agentes federales, al igual que cualquier otra autoridad, deben respetar el marco legal”.

El equipo legal que respalda la demanda está integrado por organizaciones de derechos civiles como ACLU, el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, el Proyecto Nacional de Inmigración, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos, y el bufete privado Covington & Burling LLP.

La querella busca que el tribunal emita una orden judicial para detener las redadas en la ciudad, argumentando que generan un ambiente de temor en comunidades migrantes, además de carecer de base legal.

Este caso se suma a otros procesos judiciales abiertos en diferentes partes del país. En Los Ángeles, por ejemplo, la Casa Blanca enfrenta un litigio similar tras una serie de redadas masivas llevadas a cabo en junio del mismo año.

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