En Argentina, la controversia ha vuelto a hacer eco este martes en torno al Gobierno de Javier Milei y su postura frente a los medios de comunicación, luego de que se emitiera un decreto que limita la ley de acceso a la información pública.

Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones civiles y la prensa, quienes ven en esta regulación una restricción al derecho a la transparencia y a la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Desde hace siete años, en Argentina rige una ley de Acceso a la Información Pública que ha permitido a la ciudadanía ejercer su derecho a la información, destapando comportamientos indebidos por parte de las autoridades, colaborando en investigaciones judiciales y arrojando luz sobre reuniones de funcionarios públicos.

Sin embargo, con la reciente regulación gubernamental publicada en el Boletín Oficial, se establece que el Estado no está obligado a proporcionar información de la vida privada de los funcionarios o de aspectos preparatorios de decisiones estatales, como documentos de trabajo o reuniones previas, lo que amplía los criterios de excepción para no brindar información pública.

El decreto ha generado descontento en la sociedad

El decreto firmado por Milei ha generado controversia al contener disposiciones que limitan el acceso a información considerada prioritaria por organizaciones como la Fundación Poder Ciudadano, que ha destacado en sus redes sociales que ningún decreto puede restringir el derecho a la información más allá de lo establecido en la ley sancionada democráticamente por el Congreso.

Para la institución, el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales, que debe estar disponible para la ciudadanía.

La incertidumbre respecto a estas medidas ha llevado a que la sociedad civil, a través de entidades como el Foro de Periodismo Argentino, rechace los cambios introducidos por el Gobierno y los considere un grave retroceso democrático que desalienta la participación ciudadana y oscurece la gestión pública.

Además, se ha manifestado la posibilidad de recurrir a instancias legales para impugnar el decreto o buscar que el Ejecutivo revea su decisión.

En este contexto, es fundamental recordar que el acceso a la información pública es un pilar de la democracia y la transparencia gubernamental.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer la gestión de sus representantes y a ser informados de manera clara y oportuna sobre decisiones que impactan en su vida cotidiana.

La restricción al acceso a la información pública podría sentar un precedente preocupante para la democracia argentina, alejando a los ciudadanos de la rendición de cuentas por parte de las autoridades.

También te puede interesar:

Milei veta ley de aumento de jubilaciones tras intensa polémica