El gobernador de Misisipi, Tate Reeves, anunció este lunes el despliegue de 200 efectivos adicionales de la Guardia Nacional hacia la capital estadounidense, como parte del plan federal impulsado por el presidente Donald Trump para incrementar la presencia militar en la ciudad, bajo el argumento de contener la violencia y el crimen.

Con esta decisión, ya son cuatro los estados liderados por gobernadores republicanos que se han sumado a la iniciativa, en respuesta a la declaratoria de «Emergencia de Seguridad Pública» emitida la semana pasada por Trump, medida que activó el despliegue de tropas en Washington D.C.

“El crimen está fuera de control en la capital. Algo debe hacerse. Los estadounidenses merecen una ciudad segura”, afirmó Reeves en un breve comunicado justificando su apoyo al operativo federal.

Los efectivos provenientes de Misisipi se unirán a los 400 soldados enviados por Virginia Occidental, los 150 de Ohio y 200 de Carolina del Sur, todos aprobados por mandatarios estatales alineados con Trump. En conjunto, suman 950 elementos adicionales, quienes reforzarán la operación de seguridad lanzada en la capital.

Esta cifra se suma a las 800 tropas de la Guardia Nacional que ya habían sido desplegadas tras la activación del estado de emergencia, según cifras difundidas por el gobierno federal.

El gobierno de Trump ha incrementado en los últimos días la presencia de agencias federales en Washington, entre ellas el FBI, la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han realizado numerosos arrestos por delitos relacionados con posesión de armas y migración.

La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, del Partido Demócrata, calificó la situación como una «toma hostil» del control policial local por parte del gobierno federal y anunció que el distrito presentó una demanda contra la administración de Trump, alegando una violación a la Ley de Autonomía de 1973, que garantiza cierto grado de autogobierno al Distrito de Columbia.

El operativo de seguridad ocurre en un contexto político complejo, en medio de una creciente confrontación entre gobiernos estatales republicanos y la administración local de Washington, dominada por demócratas. La medida ha generado debate sobre los límites del poder federal y el uso de fuerzas estatales en territorios ajenos sin consenso local.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una declaración oficial sobre la demanda interpuesta por las autoridades de la capital, ni ha respondido a los señalamientos de uso excesivo de fuerza o intervención política en la seguridad del Distrito.

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