Tras la ola de motines que dejó cientos de muertos en 2021 y 2022, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convirtió el control de las cárceles en uno de los ejes centrales de su estrategia de seguridad al asumir el cargo en 2023. No obstante, una investigación revela que las muertes en prisiones volvieron a dispararse en 2025, alcanzando niveles no vistos desde el punto más crítico de los disturbios.

Datos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información al Ministerio del Interior muestran que los fallecimientos casi se cuadruplicaron interanualmente, impulsados tanto por la violencia como por enfermedades, entre ellas un brote de tuberculosis.

Repunte de violencia y causas naturales

De los 1,220 reclusos fallecidos en 2025, al menos 206 murieron en enfrentamientos entre bandas criminales y otros actos violentos, frente a 46 casos en 2024. Se trata del registro más alto desde 2021, cuando 328 presos perdieron la vida por violencia.

El resto de los decesos se atribuyó a enfermedades, suicidios y causas indeterminadas, lo que representa un incremento de 256% respecto al año previo. En su respuesta oficial, el Ministerio del Interior señaló que el aumento, “incluso en comparación con períodos históricamente críticos como 2021”, podría, “sin un contexto técnico adecuado”, generar “percepciones distorsionadas de la gestión institucional”.

Hacinamiento y denuncias por condiciones

El gobierno reconoce un hacinamiento del 30.6% en cárceles para adultos, mientras que la población penitenciaria creció 7.6% hasta alcanzar 35,454 personas en 2025. Autoridades atribuyen el aumento a más arrestos y condenas más largas, además de celdas inutilizadas tras los disturbios.

Familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian falta de atención médica, escasez de alimentos y presuntos abusos por parte de fuerzas militares desplegadas en las prisiones. “Nos estamos ateniendo, en estos momentos, a la crisis de salud, crisis de alimentación y estas denuncias de familiares respecto a presuntos malos tratos y torturas”, declaró Rodrigo Varela, de la Defensoría del Pueblo.

En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para miles de internos de la Penitenciaría del Litoral, citando cientos de muertes registradas en 2025.

Aunque Noboa ha defendido su estrategia y la construcción de nuevas cárceles como respuesta al hacinamiento, las cifras reflejan que la crisis penitenciaria continúa siendo uno de los mayores desafíos para su administración.

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