El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este jueves una multa de 200 millones de euros a Hungría por saltarse la legislación europea de asilo. La sanción seguirá aumentando a razón de un millón de euros diario hasta que el Gobierno de Viktor Orbán aplique las sentencias de la justicia europea.

«Este incumplimiento, que consiste en eludir deliberadamente la aplicación de una política común de la Unión en su conjunto, constituye una violación inédita y excepcionalmente grave del derecho de la Unión», dice la sentencia.

En diciembre de 2020, el TJUE ya había condenado a Hungría por limitar el acceso al procedimiento de asilo, internar de forma irregular a los refugiados en zonas de tránsito y la expulsión de migrantes sin respetar las garantías que acompañan a los procedimientos de retorno.

Todas estas irregularidades las cometió el Gobierno de Viktor Orbán durante la crisis de refugiados de 2015. En aquel momento, Hungría aprobó una ley para la creación de zonas de tránsito, ubicadas en la frontera serbo-húngara, dentro de las cuales se aplican los procedimientos de asilo. La ley introdujo además el concepto de «situación de crisis», que permite aplicar normas excepcionales como si fuesen generales.

Comisión Europea interpuso un nuevo recurso por incumplimiento

Al considerar que Hungría aún no había dado cumplimiento a la sentencia de 2020 (salvo en lo que respecta a las zonas de tránsito, que Hungría ya había cerrado), la Comisión Europea interpuso un nuevo recurso por incumplimiento mediante el que solicitaba la imposición de sanciones económicas.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia declara que Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020 en lo que respecta al acceso al procedimiento de asilo, al derecho de los solicitantes a permanecer en Hungría a la espera de una resolución definitiva y a la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular.

«Al proceder de este modo, dicho Estado miembro, vulnerando el principio de cooperación leal, evita deliberadamente aplicar la política común de la Unión en materia de protección internacional en su conjunto, así como las normas sobre la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular», dice la sentencial.

«Este comportamiento constituye una amenaza importante para la unidad del derecho de la Unión que afecta de manera extraordinariamente grave tanto a intereses privados, en particular a los de los solicitantes de asilo, como al interés público», insiste el TJUE.

En particular, el incumplimiento de Hungría menoscaba gravemente el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros. Ello es así porque tiene como consecuencia transferir a otros Estados miembros la responsabilidad, incluso en el aspecto financiero, de garantizar, de conformidad con el derecho de la Unión, la acogida de los solicitantes de protección internacional, la tramitación de sus solicitudes y el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.