Las autoridades en Sudamérica enfrentan un desafío sin precedentes en su lucha contra el narcotráfico, exacerbado por un factor nuevo y «letal»: la creciente y lucrativa combinación del cultivo de coca y la minería de oro ilegal. Este nexo está impulsando la producción de cocaína, especialmente en Perú, mientras el Gobierno de Estados Unidos mantiene la presión, incluso con ataques de drones contra embarcaciones en el Pacífico.

La combinación tóxica está consolidando el poder y la riqueza de bandas criminales y funcionarios corruptos en la región, extendiéndose desde Colombia y Perú hacia Ecuador, Brasil y Venezuela.

Perú, el Nuevo Epicentro y la Toxicidad del Oro Ilegal

Aunque Colombia ha sido tradicionalmente el epicentro, la producción de cocaína se ha disparado en Perú, que reportó más de 800 toneladas producidas el año pasado, según el Departamento de Estado de EE. UU.

El crecimiento se debe a la «narco-minería». Según el experto Dan Collyns, las organizaciones criminales han encontrado en la minería ilegal de oro un activo «más seguro y lucrativo» que la cocaína. La ventaja es que, si bien la cocaína es ilegal en todas sus fases, el oro ilícito, una vez refinado, es indistinguible del metal legítimo, facilitando el lavado de activos.

1. Magnitud Económica: El entonces canciller de Perú, Elmer Schialer, declaró en julio que la economía del oro ilegal en Perú es siete veces mayor que el comercio de cocaína.
2. Expansión Territorial: La producción de coca se ha expandido a las tierras bajas de Perú, en particular en la región de Ucayali, que ha visto el mayor aumento de cultivos y pistas de aterrizaje clandestinas, según Ricardo Soberón, exdirector de Devida.
3. Control Criminal: Bandas como los disidentes de las FARC controlan la producción a lo largo de la frontera con Colombia, mientras que el Comando Vermelho (Comando Rojo) de Brasil se ha establecido a lo largo de la frontera con Perú y controla cultivos en Ucayali y operaciones mineras en Madre de Dios.

El exministro del Interior peruano, Rubén Vargas, indicó que la gran mayoría de la cocaína peruana tiene como destino Europa, pero el Comando Rojo también está enviando droga a Brasil, avivando lo que él llama el peor aumento del crimen en la historia de Perú.

La pandemia de covid-19 también fue un catalizador, pues el estricto confinamiento dio rienda suelta a los grupos de crimen organizado para expandir su control territorial. Además, forzó a muchos peruanos, que trabajan en la economía informal, a buscar ingresos alternativos en ocupaciones ilegales.

Más al este, en Venezuela, el grupo de expertos Crisis Group estima que el país alberga ahora más del 30 por ciento de los sitios de minería ilegal de la cuenca amazónica. El reporte señala que la minería descontrolada está fortaleciendo a grupos guerrilleros colombianos y élites corruptas, y que las ganancias del narcotráfico se «lavan a menudo a través de inversiones en la industria del oro». En algunos casos, miembros de las fuerzas armadas venezolanas han tomado el control exclusivo de los yacimientos.

A pesar de los esfuerzos del Ministerio del Interior de Perú, que erradicó unas 27.000 hectáreas de cultivo de coca en los primeros nueve meses del año, la erradicación ha agravado la deforestación al empujar el cultivo a zonas más remotas. La situación se complica por la corrupción generalizada y la inestabilidad política de Perú, donde la respuesta a la minería ilegal está contaminada por sus vínculos con el sistema político.

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