En un movimiento significativo, Nuevo México ha aprobado una ley que prohíbe la existencia de centros de detención de migrantes en el estado. Esta medida busca impedir que cualquier entidad gubernamental con financiación pública firme acuerdos para el encarcelamiento de personas acusadas de violar la ley migratoria, una infracción de carácter civil.

Además, la ley elimina los contratos ya existentes y prohíbe a la policía estatal y a los alguaciles firmar acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Contexto y reacciones

Actualmente, Nuevo México cuenta con tres centros de detención para migrantes, con capacidad para 3,000 personas. La nueva legislación ha sido recibida con aplausos por parte de organizaciones de derechos humanos en el estado, que la consideran un avance en la lucha contra políticas migratorias consideradas crueles. Carla Law, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México, destacó la aprobación de la ley como una victoria para las familias migrantes que han presionado durante años para detener la complicidad del estado en la detención y deportación masivas.

Desafíos futuros

La aprobación de esta ley ocurre en un momento en el que el Gobierno federal impulsa la creación de nuevos centros de detención a nivel nacional.

Recientemente, se informó que la Administración Trump busca adquirir más de 20 bodegas en todo el país para utilizarlas como centros de detención, destacando un almacén en Hutchins, Texas, con capacidad para 9,500 personas. Bajo la actual administración, las detenciones de migrantes han alcanzado cifras récord, con más de 73,000 personas en custodia en enero.

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