Un tercer juez federal ha bloqueado la orden ejecutiva del ex presidente Donald Trump, que buscaba eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. La decisión fue tomada por el juez Joseph N. Laplante en Nueva Hampshire, sumándose a fallos similares emitidos en Seattle y Maryland. Esta medida del gobierno Trump ha enfrentado múltiples demandas alegando su inconstitucionalidad.

El juez Laplante, nominado por el ex presidente George W. Bush, manifestó que los argumentos presentados por los abogados de Trump no fueron convincentes. Se espera que emita una orden más detallada próximamente explicando su razonamiento. Este fallo es parte de una serie de decisiones judiciales que han bloqueado la implementación de la orden ejecutiva.

La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos defensores de inmigrantes han presentado demandas contra la orden de Trump, argumentando que viola la Constitución e "intenta subvertir uno de los valores constitucionales estadounidenses más fundamentales". La administración ha apelado algunos de estos fallos, afirmando que no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos y por lo tanto no tienen derecho a la ciudadanía.

La administración apeló el fallo del juez en Seattle

Al menos nueve demandas han sido presentadas para impugnar la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento. En el caso presentado por cuatro estados en Seattle, el juez de distrito, John C. Coughenour, mencionó que la administración de Trump está intentando ignorar la Constitución.

"El estado de derecho es, según él, algo que se ignora, ya sea por ganancia política o personal. En este tribunal y bajo mi vigilancia, el Estado de derecho es un faro brillante, que tengo la intención de seguir.", mencionó Coughenour, quien fue nombrado por el expresidente Ronald Reagan.

Por otro lado, la administración de Trump todavía no apela la orden preliminar emitida por la jueza Deborah Boardman.

A medida que el gobierno de Trump continúa con las apelaciones, se espera que el tema llegue a las instancias judiciales más altas. Mientras tanto, la orden ejecutiva continúa siendo objeto de controversia legal y política, reflejando las profundas divisiones sobre la política de inmigración en Estados Unidos.

Te podría interesar: Trump busca tener » buenas relaciones» con Corea del Norte