La comunidad internacional ha alcanzado un hito en salud pública con la adopción del Tratado Global sobre Pandemias, aprobado por los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este acuerdo, sellado en Ginebra durante la Asamblea anual de la OMS, busca evitar las fallas vividas durante la pandemia de COVID-19 y mejorar la preparación global.

Se trata del segundo gran instrumento legal en salud pública desde el Convenio Marco para el Control del Tabaco, adoptado hace ya dos décadas por los países. El nuevo tratado fue aprobado por consenso, aunque estuvo a punto de descarrilarse por la amenaza de Eslovaquia de forzar una votación que rompería la unidad.

Finalmente, Eslovaquia se abstuvo de tal acción tras ser persuadida por sus socios europeos, evitando así una crisis diplomática y salvaguardando el consenso multilateral alcanzado. El objetivo principal del tratado es establecer mecanismos que aseguren una respuesta rápida, solidaria y equitativa frente a futuras pandemias, que los científicos consideran inevitables.

Lo aprendido durante el COVID-19

Durante el COVID-19, la falta de preparación global y el acaparamiento de insumos médicos provocaron graves consecuencias humanas, sobre todo en países de bajos ingresos. Mascarillas, oxígeno y vacunas llegaron tarde o en cantidades insuficientes a las naciones más vulnerables, agravando los impactos sanitarios y sociales en regiones pobres del planeta.

La desigualdad en el acceso a vacunas durante la pandemia evidenció la necesidad de un marco legal que obligue a una distribución justa y coordinada entre países. El coste humano superó los siete millones de muertes registradas, aunque estimaciones de la OMS calculan que el verdadero impacto fue al menos el doble.

Económicamente, el FMI calcula pérdidas globales que superan los 12 billones de dólares, resultado del colapso de cadenas de suministro, restricciones comerciales y cierres prolongados. El tratado contempla un sistema internacional para compartir datos genéticos y muestras de patógenos, garantizando acceso equitativo a beneficios como vacunas, tratamientos y diagnósticos derivados.

Este mecanismo busca corregir injusticias como la sufrida por Sudáfrica tras compartir la variante ómicron, sin recibir luego un trato preferente para adquirir vacunas adaptadas. Además, se consagra el principio de “una sola salud”, que reconoce la conexión entre salud humana, animal y ambiental, promoviendo una vigilancia coordinada y preventiva global.

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