El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una resolución para reemplazar la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) por una nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), en un intento por recuperar el control de un país sumido en la violencia. La propuesta, liderada por Estados Unidos y Panamá, recibió 12 votos a favor, sin votos en contra y tres abstenciones (China, Rusia y Pakistán).

La resolución entra en vigor de manera inmediata y establece que la GSF podrá estar integrada por hasta 5.500 efectivos de fuerzas policiales o militares, apoyados por 50 civiles, con un mandato inicial de 12 meses.

La misión anterior, liderada por Kenia, pretendía reunir 2.500 integrantes, pero apenas logró desplegar 970, de los cuales 700 eran keniatas. La nueva fuerza prevé mantener el liderazgo y la presencia de Kenia, junto con el apoyo de otros países de Centroamérica y el Caribe.

Financiamiento incierto y preocupaciones humanitarias

A pesar de su aprobación, el futuro operativo de la GSF es incierto en términos financieros. El documento aprobado indica que los costos deberán ser cubiertos por contribuciones voluntarias, sin un compromiso fijo de los Estados miembros. La MSS, por ejemplo, había calculado un presupuesto de 600 millones de dólares para su primer año, pero solo logró recaudar 115 millones.

La redacción de la resolución ha generado cuestionamientos. Aunque formalmente la GSF deberá coordinarse con la Policía Nacional de Haití (PNH), el texto sugiere que podría operar de manera independiente en ciertas situaciones. Este aspecto ha sido criticado por defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos civiles en un contexto ya marcado por la impunidad y la violencia estatal.

Organizaciones no gubernamentales han señalado también su preocupación ante la inclusión de fuerzas militares en la misión, tradicionalmente enfocada en tareas policiales. Argumentan que estos efectivos podrían no estar preparados para afrontar dinámicas sociales complejas como las que representan las bandas criminales haitianas, que actualmente controlan cerca del 90% de la capital, Puerto Príncipe, y tienen una fuerte inserción en los barrios a través de líderes comunitarios.

Pandillas con menores en sus filas

Uno de los aspectos más delicados de la resolución es el reconocimiento de que aproximadamente la mitad de los integrantes de estas bandas son menores de edad. El texto indica que se adoptarán medidas para transferir a los niños capturados hacia servicios de protección infantil, pero no ofrece detalles sobre mecanismos de desarme, reintegración o justicia juvenil.

La resolución subraya la necesidad de proteger infraestructuras críticas como puertos y aeropuertos, actualmente bajo control de grupos armados, quienes incluso se han beneficiado del tráfico de ayuda humanitaria. La MSS intentó establecer 12 bases operativas para recuperar zonas clave, pero solo logró poner en funcionamiento tres.

Además, se creará una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), encargada de monitorear el avance de la misión y emitir informes trimestrales al Consejo de Seguridad y a los países donantes.

Sin el sello de una misión de paz

A diferencia de las operaciones desplegadas en Haití hasta 2017 bajo el mandato directo de la ONU, esta nueva fuerza multinacional no cuenta con el estatus de misión de paz, lo que representa un distanciamiento institucional que varios analistas interpretan como una estrategia para evitar compromisos diplomáticos ante posibles fracasos.

En un contexto donde la violencia armada, la crisis humanitaria y la debilidad institucional se han intensificado, el despliegue de la GSF es visto como una acción de alto riesgo con resultados inciertos, tanto en el plano operativo como en el político.

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