La ONU denunció el martes un sistema de trabajo forzado institucionalizado en Corea del Norte, que en algunos casos podría constituir esclavitud, un crimen contra la humanidad.

En un informe contundente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos detalla cómo los norcoreanos, bajo el yugo de un régimen dictatorial, son “controlados y explotados por un vasto sistema de trabajo forzado en múltiples niveles”.

“Los testimonios contenidos en este informe ofrecen una visión impactante y angustiante de los sufrimientos infligidos por el trabajo forzado, tanto por su magnitud como por el nivel de violencia y trato inhumano”, declaró el Alto Comisionado, Volker Türk, en un comunicado.

“Estas personas son obligadas a trabajar en condiciones intolerables, a menudo en sectores peligrosos, sin salario, sin posibilidad de elección, sin posibilidad de irse, sin protección, sin atención médica, sin vacaciones, sin comida y sin refugio”, denunció.

Un gran número son golpeados regularmente y las mujeres están “constantemente expuestas a riesgos de violencia sexual”, insistió.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se basó en diversas fuentes para elaborar este informe, incluyendo 183 entrevistas realizadas entre 2015 y 2023 con víctimas y testigos que lograron huir de Corea del Norte y viven en el extranjero.

Poner fin al trabajo forzado en todas sus formas

Estas acusaciones no son nuevas. Un informe histórico publicado por un equipo de investigadores de la ONU hace diez años ya había documentado el trabajo forzado entre otras violaciones generalizadas de los derechos humanos en Corea del Norte, incluyendo ejecuciones, violaciones, torturas, hambrunas deliberadas y la detención de 120.000 personas en una red de campos de prisioneros.

El informe del martes se centró en un sistema institucionalizado con seis tipos diferentes de trabajo forzado, incluyendo en detención y durante la conscripción militar mínima de 10 años.

También existen trabajos obligatorios asignados por el Estado y el uso de “Brigadas de choque” revolucionarias, o grupos de ciudadanos organizados por el Estado y obligados a realizar “trabajo manual penoso”, a menudo en la construcción y la agricultura