En un giro significativo para la economía panameña, el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, anunció una inminente reducción en el presupuesto de 2024. Atribuyendo esta decisión a cambios sustanciales en las condiciones económicas del país, Alexander explicó que el monto presupuestado será inferior al presentado inicialmente a la Asamblea Nacional.

En una comparecencia ante los medios, el funcionario destacó la necesidad de ajustar el presupuesto en consonancia con los ingresos reducidos, advirtiendo que las instituciones públicas enfrentarán desafíos financieros al tener que ejecutar un presupuesto menor. ‘La tarea que tenemos por delante es definir cómo se manejará la estructura de este nuevo presupuesto’, afirmó Alexander, subrayando que actualmente están evaluando varios escenarios para su configuración. Aunque no especificó la fecha ni el monto exacto, aseguró que la propuesta se someterá a la consideración del Consejo de Ministros y requerirá la aprobación parlamentaria según la legislación local.

Proceso judicial de Minera Panamá modificaría el presupuesto 2024

La complejidad de la situación se intensifica con la descarga de responsabilidad por parte del Ministro a Publio de Gracia, director general de Ingresos de la República. Aunque De Gracia aseguró que Minera Panamá cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato-ley para los años 2021, 2022 y tres de los cuatro contemplados para 2023, advirtió sobre un desarrollo inquietante.

Este se relaciona con el eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la constitucionalidad del contrato suscrito con la filial de First Quantum Minerals, decisión que se espera en las próximas semanas. Si se determina la inconstitucionalidad, la compañía podría detener sus operaciones, poniendo en juego una prórroga de 20 años de una concesión otorgada a finales de la década de 1990.

Independientemente de este escenario, De Gracia aseguró que la Dirección General de Ingresos seguirá recibiendo las regalías de Minera Panamá hasta el 31 de diciembre.

Minera Panamá espera resolución de la Corte Suprema

La semana pasada, la oficina de prensa del presidente Laurentino Cortizo reveló que Minera Panamá aportó 562,84 millones de balboas al Estado, correspondientes a sus obligaciones. Sin embargo, estos fondos están congelados, a la espera de la decisión de la CSJ sobre la Ley 406, lo que introduce incertidumbre sobre los ingresos futuros. El dilema se agudiza al considerar que el 20% de las regalías ya presupuestadas para incrementar las pensiones de 120,000 jubilados están en espera, según explicó el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau.

La posibilidad de recortes presupuestarios en diversas instituciones, especialmente en la administración central, se vislumbra, aunque la autonomía de algunas instituciones podría limitar su impacto de manera desigual. Aunque se especula sobre recortes en la Asamblea Nacional, la ley protege la inversión en educación (7% del PIB) y el Órgano Judicial (2% del PIB anual).

Esta situación económica inesperada pone de manifiesto la necesidad de decisiones estratégicas por parte del Gobierno para mitigar los posibles impactos en la estabilidad económica y el bienestar de la población. La resolución de la CSJ y las medidas adoptadas por el Gobierno serán determinantes en la evolución de esta compleja situación financiera.

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