El papa León XIV sostuvo su primera reunión oficial con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, en un encuentro considerado por sus integrantes como un momento clave para reafirmar el compromiso de la Iglesia católica con la erradicación del abuso sexual dentro de sus filas. Sin embargo, la cita ocurre en medio de fuertes críticas por el historial institucional frente a casos pasados de encubrimiento y abuso clerical.

Durante la audiencia privada, celebrada en el Palacio Apostólico, los miembros de la comisión —integrada por expertos, laicos y sobrevivientes— presentaron al pontífice un informe de actividades y avances, incluyendo iniciativas para apoyar a comunidades eclesiásticas en zonas empobrecidas, enfocadas en la prevención del abuso y el acompañamiento a víctimas.

Aunque el Vaticano no divulgó las palabras del papa ni se permitió el acceso a medios, la comisión describió el encuentro como un espacio de “reflexión, diálogo y renovación del compromiso inquebrantable con la protección de niños y personas vulnerables”.

Desafíos heredados y demandas de acción concreta

La reunión se da en un contexto marcado por cuestionamientos hacia el nuevo pontífice, especialmente por su papel previo como cardenal Robert Prevost, obispo en Perú y superior en la orden de los agustinos. Aunque ha sido reconocido por su labor en desmantelar un movimiento católico acusado de abusos en Perú, diversas voces —incluyendo organizaciones de sobrevivientes— han exigido que rinda cuentas por otros casos pendientes en los que tuvo algún grado de responsabilidad.

Entre los asuntos que siguen generando controversia destaca el caso del exjesuita Marko Rupnik, acusado por al menos dos decenas de mujeres de abuso sexual y psicológico. A pesar de que el papa Francisco ordenó el año pasado que se reabriera el caso ignorando la prescripción canónica, hasta marzo de este año aún no se habían designado jueces para iniciar el proceso. Rupnik continúa ejerciendo ministerio, mientras sus defensores denuncian una campaña mediática en su contra.

Legado de una comisión con altibajos

La comisión fue creada por el papa Francisco en los primeros años de su pontificado como un organismo asesor para mejorar las prácticas institucionales frente al abuso. Sin embargo, su influencia se debilitó con el paso del tiempo, y algunas de sus propuestas clave, como la creación de un tribunal para juzgar a obispos que encubrieron abusos, nunca se implementaron.

Sean O’Malley, cardenal emérito de Boston y presidente de la comisión, lideró la delegación que se reunió con León XIV. O’Malley ha sido durante años una figura central en la respuesta del Vaticano a las denuncias más graves, y aunque se retiró como arzobispo, mantiene un rol activo en la comisión.

Exigencias de sobrevivientes y presión internacional

El principal grupo de víctimas en Estados Unidos, SNAP, ha instado al nuevo papa a adoptar medidas más contundentes, como aplicar la política vigente en ese país, que establece la remoción definitiva del ministerio para cualquier sacerdote con acusaciones creíbles.

Para muchos sobrevivientes, el encuentro con la comisión representa un punto de partida, pero advierten que los gestos simbólicos ya no son suficientes. Las demandas se centran en acciones concretas, mayor transparencia y una política universal de tolerancia cero frente al abuso, sin excepciones ni demoras.

Mientras tanto, la atención permanece sobre la respuesta que León XIV dará a los casos pendientes y su capacidad para implementar reformas que, según afirman los críticos, han sido prometidas durante años sin llegar a consolidarse.

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