El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una reforma migratoria que endurece las normas para la expulsión de personas en situación irregular y abre la puerta a la creación de «centros de retorno» fuera de las fronteras de la Unión Europea.

La propuesta fue avalada por 418 votos a favor y 218 en contra durante una sesión celebrada en Estrasburgo, Francia, y representa uno de los cambios más significativos en la política migratoria del bloque en los últimos años.

Europa endurece su política migratoria

Las nuevas disposiciones permitirán a los países miembros establecer centros de retorno en terceros países para trasladar a migrantes que no cuenten con autorización para permanecer en territorio europeo.

Además, la legislación establece la obligación de que las personas sujetas a una orden de expulsión colaboren con las autoridades y abandonen el territorio comunitario. Quienes incumplan esta disposición o sean considerados un riesgo para la seguridad podrán permanecer detenidos por un periodo de hasta dos años.

La reforma también amplía las facultades de las autoridades migratorias, que podrán realizar registros de viviendas y otros espacios relacionados con personas sujetas a procesos de expulsión, así como confiscar pertenencias con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las órdenes de retorno.

División política y críticas de organizaciones humanitarias

La aprobación de la iniciativa generó reacciones encontradas dentro del Parlamento Europeo. Legisladores de grupos conservadores y de derecha celebraron el resultado, mientras que representantes de izquierda expresaron su rechazo y advirtieron sobre posibles afectaciones a los derechos humanos.

Organizaciones humanitarias señalaron que las medidas podrían aumentar la estigmatización de las personas migrantes y generar escenarios de vulnerabilidad para quienes sean trasladados a centros ubicados fuera del territorio comunitario.

Los defensores de la reforma sostienen que estos mecanismos facilitarán las deportaciones y servirán como una herramienta para desalentar la migración irregular hacia Europa. Sin embargo, sus críticos cuestionan la eficacia de los llamados centros de retorno y advierten que podrían convertirse en espacios con supervisión limitada y escasas garantías jurídicas.

La normativa aún requiere la aprobación formal de los Estados miembros de la Unión Europea para entrar en vigor, aunque los gobiernos del bloque ya habían manifestado previamente su respaldo provisional a la iniciativa.