El impacto de las políticas migratorias en República Dominicana alcanzó niveles alarmantes, particularmente en la salud de mujeres haitianas embarazadas. Según reportes oficiales, los partos de mujeres de origen haitiano en hospitales públicos del país se desplomaron un 70% durante el primer semestre de 2025, en medio de un plan de redadas migratorias que se intensificó desde abril.

Las autoridades dominicanas implementaron un protocolo que exige a los extranjeros presentar documentación en regla al momento de recibir atención médica. Quienes no cumplen con estos requisitos enfrentan la posibilidad de ser deportados tras recibir tratamiento. La normativa establece que las mujeres con parto natural permanecen hasta 72 horas en el hospital, mientras que las que dan a luz por cesárea deben permanecer siete días, después de lo cual la seguridad hospitalaria entrega a las pacientes a las autoridades migratorias.

El Observatorio de Políticas Migratorias del gobierno detalló que los nacimientos realizados a parturientas extranjeras pasaron de 3,023 en enero a solo 885 en junio de 2025, reflejando una caída de 70,72% en seis meses. La reducción coincide con la política migratoria del presidente Luis Abinader, quien desde 2020 ha liderado medidas de control y deportación de haitianos, incluyendo cierres parciales de la frontera terrestre y suspensión de conexiones aéreas.

Desde octubre del año pasado, más de 300,000 haitianos han sido deportados, con un promedio de 30,000 personas al mes, según el gobierno dominicano. Estas acciones han generado críticas internacionales: Amnistía Internacional denunció que las medidas representan discriminación y violencia institucional hacia las mujeres, y señaló que las reformas recientes al código penal, que no despenalizaron el aborto, agravan la situación de injusticia de género en el país.

Haití, por su parte, atraviesa una crisis humanitaria y política profunda, con violencia de bandas criminales, asesinatos, secuestros y saqueos que obligan a miles de personas a buscar refugio en la vecina República Dominicana. La caída abrupta de partos de mujeres haitianas evidencia cómo las políticas migratorias pueden afectar directamente la salud y los derechos humanos de los grupos más vulnerables.

Este fenómeno abrió el debate sobre la ética de las deportaciones y la atención médica en contextos de emergencia, y plantea interrogantes sobre el respeto a la vida y la protección de los derechos de mujeres y niños en situaciones de vulnerabilidad.