El ex presidente Pedro Castillo, quien gobernó Perú durante el período 2021-2022, acudió este martes sin la presencia de un abogado a la instalación del juicio oral en su contra por su intento de golpe de Estado a fines de 2022. En este proceso, Castillo enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por los cargos de rebelión y abuso de autoridad.

El ex mandatario, actualmente recluido de manera preventiva desde su destitución, comunicó que no cuenta con asesoramiento legal, ya que recientemente presentó un documento en el que notificaba la sustitución de sus cuatro abogados.

"Quisiera hacerle saber al país sobre mi escrito y he venido a ratificarme en eso", declaró Castillo. Más tarde, señaló que "no tiene sentido" exponer a sus defensores a un proceso que describió como una "pantomima" y "donde todo parece estar confabulado".

Según sus palabras. "Ni siquiera acepto un abogado de la defensa pública. (…) De todos mis abogados he prescindido de sus servicios. Los he sustituido ayer, en el contenido de este escrito está claramente", agregó el ex presidente.

Después de estos acontecimientos, la sala resolvió asignar un defensor público al ex mandatario y aclaró que, formalmente, solo había prescindido de uno de sus abogados, Luis Medrano, pero no de los otros tres, manteniendo así su defensa "en pie".

Por su parte, el juez supremo José Antonio Neyra, quien lidera la sala, advirtió al ex presidente que sus declaraciones "no pueden tener un trasfondo político".

Vídeo del juicio

Hay más políticos involucrados

El juicio oral también involucra a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y a su antecesor, Aníbal Torres. A pesar de que el ex ministro del Interior, Willy Huerta, se deslindó de la intentona de golpe de Estado, también se encuentra incluido en el proceso, junto a tres ex oficiales policiales. A los seis implicados se les imputa el delito de rebelión.

Castillo intentó evitar una tercera destitución presentada por el Congreso en diciembre de 2022 al declarar la disolución del Parlamento y convocar a nuevas elecciones, en medio de acusaciones que lo vinculaban con una organización criminal dentro de su Gobierno.

De esto se le acusa

El ex presidente enfrentaba acusaciones por el presunto ascenso ilegal de oficiales en las Fuerzas Armadas y un posible pago ilícito relacionado con la adjudicación de la construcción del Puente Tarata III. Asimismo, se le investigaba por tráfico de influencias en la adjudicación de concesiones petroleras a la empresa estatal Petroperú.

Su entorno más próximo tampoco se libró de las investigaciones, especialmente su sobrina, Yenifer Paredes, a quien se le acusó de colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos en un proyecto de agua potable.

Por su parte, su sobrino, Fray Vásquez, está bajo investigación por sus vínculos con el prófugo ex ministro de Transportes, Juan Silva, relacionado con la adjudicación del Puente Tarata III.

A pesar de los múltiples recursos presentados para solicitar su excarcelación, los jueces mantuvieron la prisión preventiva de Castillo, argumentando el riesgo de fuga debido a que su familia se encuentra asilada en México.

Así fue detenido

El ex presidente fue detenido en Lima, horas después de anunciar su autogolpe, mientras se dirigía a la Embajada de México con su familia. La aprobación de su destitución en el Congreso precipitó su arresto y su posterior reclusión en el penal de Barbadillo, donde permanece desde entonces.

Antes del inicio de su juicio, Castillo difundió una carta en la que indicaba que se negaba a asistir a la audiencia por considerarla una "farsa".

Además, reiteró que su discurso no infringía ninguna ley ni normativa constitucional y afirmó que no hubo levantamiento armado, ya que no incitó a nadie a llevarlo a cabo ni coordinó dicho acto.

"Soy el único responsable de lo dicho y hecho en aquel discurso político del 7 de diciembre de 2022. Hice lo que el pueblo me pidió (…) Ninguna de las personas acusadas, ni ninguna otra persona, tuvo participación directa o indirecta, antes, durante o después", manifestó Castillo.

El desarrollo del juicio continuará generando interés en la sociedad peruana y en la comunidad internacional, a medida que se esclarezcan los hechos y se dictamine la posible culpabilidad del ex presidente y sus coacusados en el intento de golpe de Estado ocurrido a fines del año pasado.

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