El Poder Judicial de Perú ordenó cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, y dispuso su captura a nivel nacional e internacional. La medida se tomó luego de que la exfuncionaria se refugiara en la Embajada de México en Lima, mientras enfrentaba la fase final del juicio por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

Según la resolución, la orden incluye que se notifique a la Policía Nacional, a Requisitorias del Poder Judicial y a la Interpol, para asegurar su localización y comparecencia. La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva el 7 de noviembre, argumentando riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso, en una audiencia programada para el 13 de noviembre ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley. Los cargos contra Chávez incluyen rebelión y/o conspiración.

El requerimiento fiscal detalla que Chávez incumplió obligaciones como control biométrico y la prohibición de salir de Lima, tras ingresar a la embajada mexicana el 3 de noviembre. Este hecho llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas con México, considerando que el asilo constituía una injerencia en asuntos internos, y a declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proceso se da después de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) en septiembre, que anuló la prolongación de una prisión preventiva previa por haberse extendido fuera de plazo y ordenó la excarcelación de Chávez, recordando los estándares legales sobre la duración de medidas cautelares. La Cancillería peruana confirmó que la exprimera ministra ingresó a la embajada a la espera de un salvoconducto, mientras el gobierno de Dina Boluarte suspendía el procedimiento de salida evaluando la situación en foros regionales, lo que generó tensiones diplomáticas adicionales.

El juicio principal por el fallido autogolpe de Castillo, quien fue destituido y detenido el mismo 7 de diciembre de 2022, continúa. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema había advertido que se emitiría una orden de ubicación y captura en caso de ausencias reiteradas a las audiencias. La resolución judicial recogió estos argumentos, enfatizando que Chávez abandonó Lima sin autorización y dejó de asistir al control biométrico, lo que podría interferir con las diligencias finales del proceso, actualmente en fase de alegatos.

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