Las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, cuestionando la transparencia de las próximas elecciones de 2026, provocaron una ola de críticas desde distintos sectores del país. En una publicación en su cuenta de X, el mandatario expresó su desconfianza hacia el proceso electoral venidero, tras adjudicarse el contrato logístico a Thomas Greg & Sons.

Petro argumentó que esta empresa está relacionada con posibles fraudes electorales, aunque no presentó pruebas ni dio detalles claros que sustenten esa grave acusación pública. La reacción fue inmediata. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, defendió la institucionalidad y seriedad de la Registraduría Nacional, encargada de los comicios nacionales.

"En Colombia habrá elecciones transparentes. La Constitución garantiza la independencia de la organización electoral", afirmó la dirigente gremial en respuesta directa a las declaraciones del presidente Petro.

Rechazo a declaraciones presidenciales

Partidos políticos, gremios empresariales y líderes del Congreso rechazaron lo dicho por el mandatario, acusándolo de debilitar la legitimidad del sistema democrático colombiano sin fundamentos. Cambio Radical señaló que Petro busca deslegitimar el sistema porque "no tiene futuro en las próximas elecciones" y aseguró que los colombianos "no lo quieren más allá de 2026".

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, recordó que Petro ganó elecciones previas con esa misma empresa, por lo que sus críticas carecen de coherencia institucional y política. El Consejo Gremial Nacional también se pronunció, advirtiendo que lanzar dudas sin pruebas "constituye un mensaje perjudicial para la democracia y la estabilidad institucional del país".

Ese mismo consejo respaldó a la Registraduría y pidió a la sociedad civil vigilar el proceso para asegurar que sea legítimo, transparente y confiable para todos.

El conflicto se da en medio de la disputa por el contrato de fabricación de pasaportes, que provocó la renuncia de la canciller Laura Sarabia la semana pasada. La excanciller defendía una prórroga con Thomas Greg & Sons, pero fue desautorizada por Alfredo Saade, jefe de Despacho presidencial, generando más tensiones internas.

Saade apoya un contrato con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, aunque esta última no tendría capacidad técnica, según reconoció la excanciller. Ante estos hechos, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Saade, Sarabia y el excanciller Murillo, por los posibles perjuicios a la ciudadanía y a la Cancillería.

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