El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un aumento histórico de 23.7% al salario mínimo para 2026, el mayor registrado en lo que va del siglo.

La medida, presentada junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, busca mejorar el poder adquisitivo, aunque desató críticas del sector empresarial por su impacto económico.

Este ajuste supera el incremento previo más alto, registrado en 2023 con 16%, y consolida una política salarial expansiva impulsada desde el inicio del actual gobierno.

“Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad, aunque va a haber una presión sobre los precios”, reconoció Petro durante su mensaje oficial transmitido a nivel nacional.

Un salario mínimo de dos millones de pesos

Con el aumento y el subsidio al transporte, el ingreso mensual pasará de 1 millón 623 mil 500 pesos a 2 millones de pesos colombianos. El nuevo monto equivale a 520 dólares, y comenzará a aplicarse en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026.

Economistas advierten que el ajuste podría elevar inflación, informalidad y costos laborales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y pequeñas empresas.

“Un aumento muy por encima de la inflación no es duradero, porque se transmite en más inflación”, señaló Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana.

La inflación proyectada para 2026 ronda el 4%, mientras la productividad laboral creció menos de 1% anual entre 2021 y 2024, según datos oficiales.

Informalidad y advertencias fiscales

Cerca de 50% de los trabajadores no gana el salario mínimo al estar en la economía informal, lo que limita el impacto social directo del incremento. Desde los sindicatos, Fabio Arias, líder de la CUT, acusó a empresarios de criticar que “al pueblo trabajador le pueda llegar a ir bien”.

El aumento acumulado del salario mínimo durante el gobierno de Petro alcanza 42.4%, mientras la inflación acumulada es cercana a 28%, según Hacienda. El anuncio ocurre tras declarar emergencia económica por una crisis fiscal inminente, contexto en el que organismos internacionales piden sostenibilidad del gasto público.

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