El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció medidas drásticas ante la inminente «tormenta económica» que se vislumbra en el país para el año 2024.

Durante la instalación del XX Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena, Petro declaró que, debido a un déficit fiscal de 6,5 billones de pesos (aproximadamente 1.500 millones de dólares), no se permitirá el aumento de los altos salarios en el sector público el próximo año.

El mandatario colombiano destacó la necesidad de afrontar compromisos financieros, como el pago de la deuda y la caída del Producto Interno Bruto (PIB).

Petro expresó su preocupación por la decisión de la Corte Constitucional de declarar «inexequible» la prohibición de la «deducción de las regalías» del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, lo cual afectará los ingresos futuros.

La «tormenta económica» pronosticada por Petro incluye un crecimiento significativo en el servicio de pago de la deuda, que alcanzará los 96 billones de pesos en 2024, así como la caída de los ingresos.

Además, Colombia enfrenta una contracción del PIB, registrando una disminución del 0,3 % en el tercer trimestre de 2023, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Petro anuncia congelamiento de salarios públicos para afrontar tormenta económica

Petro señaló que la primera cuota del ‘crédito flash’, solicitado por el expresidente Iván Duque por 3.000 millones de dólares para enfrentar la crisis del COVID-19, se cobrará en 2024.

Ante este escenario, el presidente colombiano afirmó que su Gobierno debe tomar decisiones difíciles, mencionando la imposibilidad de recortar en áreas fundamentales como el Ejército y la Policía.

Estas medidas, sin embargo, generaron críticas.

El vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores, Diógenes Orjuela, destacó que la propuesta presidencial no siguió el procedimiento adecuado de negociación con los trabajadores del Estado, contraviniendo el decreto 160 de 2014.

Además, el senador Jonathan Pulido Hernández, del partido Alianza Verde, calificó la iniciativa de Petro como «un tipo de venganza» y un «chantaje» contra altos funcionarios, incluida la Corte Constitucional.

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