La Policía surcoreana está dando un paso adelante en su investigación contra el presidente destituido, Yoon Suk-yeol, preparando formalmente un caso en su contra por obstrucción especial. Esta acusación se suma a las ya existentes en su contra, incluyendo la insurrección por su decreto de ley marcial del año pasado.

Según un portavoz policial, el tribunal emitió una orden de detención contra Yoon el 31 de diciembre, pero esta no se ejecutó hasta el 15 de enero. Durante este tiempo, Yoon no acató la orden y el Servicio de Seguridad Presidencial bloqueó a los investigadores, lo que ha llevado a la Policía a investigarlo por obstrucción especial al deber público.

Este delito, de acuerdo con la legislación surcoreana, puede castigarse con hasta cinco años de cárcel. Yoon ha defendido que su declaración de ley marcial no constituyó una insurrección, uno de los pocos cargos frente a los cuales un presidente en funciones no es inmune.

Los abogados de Yoon han alegado que su detención tiene motivaciones políticas y han cuestionado la validez de la orden de detención debido a irregularidades en la investigación. La inmunidad del presidente Yoon frente a la mayoría de los cargos penales podría terminar si es destituido por la Corte Constitucional, que actualmente está deliberando sobre su destitución.

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