La espera continúa para Genaro García Luna, el exsecretario mexicano de Seguridad cuya sentencia por delitos de corrupción y narcotráfico ha sido pospuesta al 9 de octubre, a solicitud de su defensa. La noticia fue confirmada por el juez Brian Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, quien accedió a aplazar la fecha originalmente programada para el 24 de junio.

La solicitud de posponer la sentencia fue presentada el pasado 31 de mayo por el abogado César de Castro, en representación de García Luna. En su carta, De Castro argumentó tres razones clave para solicitar el cambio de fecha.

En primer lugar, la defensa de García Luna está a la espera de una moción para solicitar un nuevo juicio, basada en la existencia de nuevas pruebas que podrían exculpar al exfuncionario mexicano. Estas nuevas pruebas surgieron después de que García Luna fuera declarado culpable en febrero de 2023.

En segundo lugar, el informe de presentencia aún no ha sido revelado, por lo que la defensa necesita tiempo suficiente para revisarlo y poder preparar una respuesta adecuada. Por último, De Castro también representa al empresario Fred Daibes, coacusado en otro caso de corrupción en la corte del Distrito Sur de Nueva York, lo que dificulta la preparación adecuada para la sentencia de García Luna.

Cabe destacar que la fiscalía manifestó su oposición a la repetición del juicio contra García Luna, e incluso lo acusó de intentar sobornar a presos en el penal de Nueva York, donde se encuentra detenido, para que proporcionaran testimonios falsos a su favor.

Posible cadena perpetua

Genaro García Luna, de 55 años, ocupó el cargo de secretario de Seguridad en México entre 2006 y 2012. Fue declarado culpable de cuatro delitos relacionados con la corrupción y el narcotráfico de cocaína, que podrían resultar en una condena a perpetuidad. Además, se le imputó un quinto delito por prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses al solicitar la nacionalidad.

Según la Fiscalía estadounidense, García Luna conspiró con el Cártel de Sinaloa y aceptó grandes sumas en sobornos a cambio de facilitar el tráfico de cocaína a través de Estados Unidos. Además, la Fiscalía señala que el gobierno demostró en juicio que el acusado y sus co-conspiradores ayudaron corruptamente al cártel al proveer policías armados para apoyar las actividades ilegales del cártel.

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