Jerusalén, Israel.- El fiscal general del Estado de Israel, Avijai Mandelblit, presentó formalmente en los tribunales la acusación por corrupción del primer ministro, Benjamín Netanyahu, después de que este retirara su petición de inmunidad, lo que dio inicio a su procesamiento.

El Fiscal, no había llevado a cabo este trámite, después de acusarle en noviembre de cohecho, fraude y abuso de confianza, a la espera de que se debatiera la inmunidad solicitada por Netanyahu en el Parlamento.

Sin embargo, el Primer Ministro decidió retirarla la mañana del miércoles poco antes de que se formara el comité encargado de valorarla, cuya resolución debía votar el pleno del parlamento, donde Netanyahu no tiene mayoría.

El Mandatario argumentó que no permitirá que sus rivales políticos «utilicen este asunto» para interferir en el «paso histórico» que liderará, en referencia al plan de paz que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Su principal rival político, el líder centrista Beny Gantz, dijo hoy que «nadie puede conducir un Estado y al mismo tiempo enfrentar tres serios casos penales».

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El procesamiento de Netanyahu no le inhabilita para los comicios del próximo 2 de marzo, pero el Tribunal Supremo se tendrá que pronunciar sobre si puede recibir el mandato para formar Gobierno tras las elecciones.

Netanyahu se sentará en el banquillo de los acusados por el conocido caso 4000 o Bezeq, en el que se le imputa haber hecho favores entre 2012 y 2017 al gigante de telefonía israelí Bezeq a cambio de cobertura favorable de él familia.

En el caso 1000, es sospechoso de aceptar lujosos regalos de millonarios para él y su familia, por hasta un millón de shéqueles (unos 260 mil euros).

En el caso 2000 se examina un presunto intento de pacto con Arnon Mozes, editor del diario de pago de mayor difusión de Israel, el «Yediot Aharonot», para lograr una cobertura más positiva sobre él a cambio de dañar la distribución del diario rival, el gratuito «Israel Hayom».

El apodado «Bibi» concurrirá en los comicios de marzo como el primer jefe de Gobierno con un procedimiento judicial en marcha.