El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha declarado que aquellos que utilicen dinamita en futuras manifestaciones enfrentarán penas de cárcel. Esta advertencia se realizó durante una rueda de prensa en La Paz, tras las recientes protestas que incluyeron el uso de explosivos y bloqueos de carreteras.

Paz reconoció el derecho constitucional a protestar, pero estableció un límite en el uso de artefactos peligrosos. Equiparó el uso de dinamita a actos de corrupción al causar daño al país y expresó su determinación de evitar la repetición de incidentes recientes donde explosivos acompañaron las protestas, resultando en enfrentamientos con la policía.

El conflicto surgió después de la aprobación del Decreto 5503 que eliminó una subvención a los combustibles vigente por dos décadas. El 22 de diciembre, la Central Obrera Boliviana y federaciones de campesinos comenzaron bloqueos y confrontaciones, rechazando la política de precios y la apertura de sectores estratégicos a capital extranjero, una interpretación que el Gobierno desmintió.

Durante las movilizaciones, mineros estatales usaron dinamita contra agentes antidisturbios en la plaza Murillo. Aunque el uso de dinamita tiene una larga tradición sindical en Bolivia, su peligrosidad es un tema de debate.

Bolivia Verifica señala que no existe regulación específica para su uso en protestas, a pesar de intentos legislativos.

El conflicto se resolvió con la abrogación del Decreto 5503 y la aprobación de una nueva norma que ratificó la eliminación del subsidio pero eliminó otras disposiciones rechazadas por los sindicatos.

Los bloqueos, que causaron pérdidas millonarias y paralizaron el país, fueron levantados tras un acuerdo reflejado en el Decreto Supremo 5516.

Paralelamente, el Gobierno declaró emergencia energética y social debido a una inflación acumulada del 20,40% en 2025, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles.