El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en el ojo de un nuevo y turbulento escándalo, con acusaciones directas que vinculan a su suegro, Saturnino Gómez (ya fallecido), con el manejo de saunas que supuestamente operaban como prostíbulos.

Las fuertes acusaciones, lideradas por el Partido Popular (PP), han llevado el debate político a un terreno explosivo, mezclando la política con la explotación sexual y el negocio de la prostitución.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confrontó al presidente en la reciente sesión del Congreso, gritándole: “¿De qué prostíbulos ha vivido usted? ¡Es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución!”.

Revelaciones y antecedentes

Las sospechas sobre Saturnino Gómez no son nuevas. Se remontan a 2014, cuando Sánchez comenzaba a emerger como líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La información ha resurgido a partir de audios del polémico comisario José Manuel Villarejo, conocido por su implicación en la «policía patriótica», una red de espionaje ilegal que operaba bajo el gobierno de Mariano Rajoy.

En una conversación filtrada entre Villarejo y un funcionario del Ministerio del Interior, el comisario describe el negocio como «de puta madre» y afirma que el suegro de Sánchez y otro individuo estaban a cargo de la gestión de estos establecimientos. Los audios, publicados por el diario El País, forman parte de expedientes judiciales y revelan el supuesto conocimiento de estas actividades por parte de funcionarios de alto nivel.

Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, lamentó que la situación comprometiera a Sánchez, quien se presenta como feminista, al tener suegro involucrado en actividades de explotación sexual.

Graves acusaciones contra la familia presidencial

El escándalo se profundizó con las declaraciones de la diputada opositora Ester Muñoz en el canal Antena 3. Muñoz no solo reiteró las acusaciones contra el suegro de Sánchez, sino que aseguró que el presidente vivió en departamentos financiados con las ganancias de estas empresas. Además, implicó a la esposa del presidente, Begoña Gómez, afirmando que ella «regentaba y llevaba las cuentas» de las saunas, describiéndolas como lugares de intercambio sexual, a menudo con pagos y la participación de «inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse».

Aunque el PP no ha presentado denuncias formales ante la justicia, han instado al gobierno socialista a responder si alguno de los inmuebles alquilados por la familia política de Sánchez era propiedad del Estado. También han solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Función Pública, Óscar López, para que ofrezca explicaciones sobre el asunto.

Te puede interesar: Tiroteo en aeropuerto e iglesia en Kentucky; agresor está muerto