En un movimiento decisivo para enfrentar la creciente ola de criminalidad que azota a la capital, el presidente encargado de Perú, José Jerí, declaró el Estado de Emergencia en la jurisdicción de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La medida, aprobada tras una extensa sesión del Consejo de Ministros, entra en vigencia a partir de las 00:00 horas del 21 de octubre y se extenderá por 30 días.

El anuncio, realizado a través de un breve mensaje a la Nación, marca un cambio de estrategia radical por parte del Gobierno, que según palabras del mandatario, pasa «de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen».

«Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país, pero esto se acabó,» sentenció Jerí. «Hoy empezamos a cambiar la historia. Las guerras se ganan con acciones y no con palabras.»

A pesar de la contundencia del anuncio, el presidente Jerí no proporcionó detalles específicos sobre las acciones que se aplicarán bajo el Estado de Emergencia. Esta falta de claridad ha generado expectativas e incertidumbre entre la población, especialmente sobre las posibles restricciones a las libertades individuales.

El decreto supremo, que se esperaba recogiera los «aportes e iniciativas de diversas entidades» y un «paquete de medidas urgentes», es el resultado de un encuentro previo con alcaldes y otras autoridades. Estos líderes locales habían exigido al Gobierno la aplicación urgente de estrategias coordinadas, incluyendo:

1. Refuerzo masivo del patrullaje policial.
2. Intervenciones focalizadas en los «puntos calientes» de la ciudad.
3. Posibilidad de un toque de queda o restricción de la circulación nocturna en zonas vulnerables.

Aunque el Consejo de Ministros sesionó por más de siete horas para aprobar la medida, se espera que los acuerdos llegados con los alcaldes —como la prohibición de circular con acompañante en motocicleta, el uso obligatorio de chalecos naranjas en el transporte público, y la promoción de la entrega de armas— sean acogidos e implementados de manera inmediata.

Un Giro de 180 Grados

La declaratoria se produce en un contexto de debate interno dentro del Gobierno sobre la efectividad de los Estados de Emergencia. Días atrás, el propio titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, había expresado sus reservas.

«A mí, personalmente, el estado de emergencia para los ciudadanos hoy, ¿qué representa? Más de lo mismo. Entonces, hay que analizarlo bien,» comentó Tiburcio en la víspera. No obstante, el ministro ha reconocido que «la coyuntura requiere acciones inmediatas», lo que sugiere un cambio de postura ante la escalada delictiva. Tiburcio incluso abrió la puerta a una restricción nocturna: «Podría darse (un toque de queda) ¿por qué no? Si las cosas se empeoran. Eso lo veremos en su momento.»

En un esfuerzo por modernizar las capacidades de la Policía Nacional, el titular del Mininter anunció ante el Congreso una adquisición clave y largamente postergada: la compra inmediata de 44 rochabuses y 56 tanquetas para la Policía Nacional. «Hoy, en las manifestaciones que hemos tenido, no tenemos ningún Rochabús operativo, pero ya lo tenemos aquí para poder dar esa respuesta a las protestas y hacerlo de la mejor forma profesionalmente,» explicó.