La Cámara Federal de Casación de Argentina ha tomado la sorprendente decisión de reabrir dos causas judiciales previamente sobreseídas que involucran a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Estas causas están relacionadas con supuesto lavado de dinero y la firma de un memorándum con Irán, que habría encubierto a los sospechosos iraníes del atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.

El caso ‘Hotesur-Los Sauces’ se centra en la relación de Fernández con negocios hoteleros y también involucra a su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

Este caso ha sido reabierto y se ordenó un juicio oral, mientras que su hija, Florencia Kirchner, mantiene su sobreseimiento otorgado en noviembre de 2021.

Reabren dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina

La investigación busca determinar si la vicepresidenta recibió dinero de contratistas de obra pública, como Lázaro Báez y Cristóbal López, a cambio de favores.

Báez ya fue condenado en un caso de licitaciones con sobreprecios, mientras que López fue absuelto.

En cuanto al caso relacionado con Irán, se ha programado un juicio oral en el que se espera que comparezcan figuras destacadas.

Como el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, y el senador Oscar Parrilli.

Este juicio buscará esclarecer si el memorándum con Irán tenía la intención de anular órdenes de captura internacionales contra exfuncionarios iraníes acusados del atentado de la AMIA en 1994, un trágico incidente que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Cabe destacar que la denuncia que impulsó este segundo juicio fue presentada en 2015 por el fiscal Alberto Nisman.

Quien falleció poco después en circunstancias controvertidas.

Estas decisiones judiciales han generado debate y controversia en Argentina, y se ha retirado a ciertos jueces del caso debido a cuestionamientos sobre sus decisiones.

Los fiscales han calificado algunas resoluciones como de «gravedad institucional» y han expresado preocupación por el impacto en la investigación de posibles casos de lavado de dinero y encubrimiento.

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