En las principales ciudades del país, estudiantes, graduados, personal docente y auxiliar de las 57 universidades nacionales de gestión estatal saldrán a las calles «en defensa de la educación universitaria pública y gratuita» en marchas que previsiblemente serán masiva.

Las universidades se declararon en emergencia presupuestaria luego de que el gobierno resolviera prorrogar para este año el mismo presupuesto que recibieron en 2023, no obstante la inflación interanual que marzo rozó el 290%.

Milei ha rechazado adecuar el presupuesto en aras de su política de déficit cero comprometida con el Fondo Monetario Internacional. «No esperen la salida de la mano del gasto público», advirtió el lunes al anunciar en cadena nacional que las cuentas públicas registraron superávit en el primer trimestre, aunque con miles de despidos, desplome de la actividad económica y el consumo.

Estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protestan con clases públicas en la calle y abrazos simbólicos a edificios en repudio del drástico ajuste del gobierno, que puede provocar el cierre de la institución en dos o tres meses, alertaron sus autoridades el jueves.

La UBA, que se declaró en «emergencia presupuestaria», restringió el uso de electricidad y gas y, desde el miércoles, sus aulas y pasillos están en penumbras, sin aire acondicionado ni calefacción y con sus ascensores reservados para personas con discapacidad.

Las universidades públicas de todo el país convocaron a una marcha nacional el 23 de abril, que se espera sea multitudinaria.

En las últimas semanas, se han impartido clases abiertas en la vía pública y cientos de personas realizaron este jueves un abrazo simbólico al Clínicas, uno de los seis hospitales dependientes de la UBA, que según indicó su director Marcelo Melo, trabaja «al 30 o 40 por ciento de su capacidad» por la falta de fondos.