Grupos civiles en Florida alzaron la voz para denunciar las condiciones insalubres del centro de detención migratorio Alcatraz Caimán, recientemente inaugurado en los Everglades. Según reportes de la Florida Immigrant Coalition (FLIC), al menos seis personas fueron hospitalizadas debido al calor extremo y falta de saneamiento adecuado.

El centro fue instalado el 1 de julio por órdenes del presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, en una remota pista aérea en los humedales del sur de Florida. “El campamento de internamiento es una atrocidad”, declaró Tessa Petit, directora de FLIC, quien además criticó el diseño que, asegura, recuerda a un campo de concentración.

La denuncia sostiene que más de mil hombres están hacinados en carpas improvisadas, sin protección contra inundaciones ni acceso a baños higiénicos o ventilación. Los activistas subrayan que la falta de control térmico ha provocado enfermedades y hasta paros cardíacos en algunos migrantes vulnerables al calor.

“Las jaulas metálicas actúan como hornos en el día y exponen a los detenidos a enfermedades graves”, detalló Petit en el comunicado oficial. El vocero de Dream Defenders, Fresco Steez, condenó el lugar por estar instalado en un ecosistema frágil y protegido, hogar de especies en peligro.

Según Steez, “esto no es solo una crisis migratoria, sino también ambiental, un atentado contra los Everglades y sus especies protegidas”. Los testimonios reportan que los migrantes duermen amontonados, beben agua contaminada y viven expuestos a la luz constante las 24 horas del día.

Gobierno defiende el polémico proyecto

El gobernador DeSantis respondió que los migrantes tenían la opción de autodeportarse “con todos los gastos pagados” antes de ser ingresados al centro. Afirmó que la comida que reciben los migrantes es “la misma que consumen los trabajadores”, negando reportes de alimentos en mal estado o en descomposición.

“Esta narrativa está politizada”, insistió DeSantis, añadiendo que el gobierno prefiere autodeportaciones por ser más baratas que mantener el centro funcionando. Sin embargo, activistas insisten en que Alcatraz Caimán representa una violación de derechos humanos y una amenaza sanitaria para toda la región.

Un estudio de Yale advierte que la zona está plagada por más de 7 mil millones de mosquitos que transmiten virus como Zika, dengue y Nilo Occidental. El doctor Armen Henderson, director de Dade County Street Response, calificó el centro como “una crisis de salud pública en nuestro propio patio trasero”.

Detalló que las condiciones actuales pueden derivar en brotes epidémicos que afecten no solo a detenidos, sino también a comunidades vecinas. Varias organizaciones han pedido a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, el cierre inmediato del centro para evitar una catástrofe mayor.

Mientras tanto, los detenidos siguen reportando abusos y condiciones que muchos ya comparan con las de los campos de concentración del siglo pasado.

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