En un intento por legitimar la agresión militar grave e ilegal ejecutada contra Venezuela, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la captura del jefe de Estado, Nicolás Maduro, no fue una «invasión», sino una operación de «seguridad nacional». En entrevistas con NBC News, Rubio dejó claro que la prioridad de la administración de Donald Trump no es la restauración democrática inmediata, calificando de «prematuro» cualquier calendario electoral, sino consolidar el control sobre el territorio y sus recursos.

Rubio fue tajante al señalar que Estados Unidos mantendrá una «cuarentena petrolera» y continuará con la incautación de embarcaciones. Aunque aseguró que Washington «tiene petróleo de sobra», admitió que el objetivo central es impedir que la industria petrolera venezolana sea controlada por adversarios estratégicos como China, Rusia o Irán. Esta declaración refuerza la postura de que el bombardeo e intervención responde a una estrategia de control de recursos estratégicos y hegemonía geopolítica en el continente.

Control militar y presión económica

El secretario de Estado lanzó una advertencia directa a quienes hoy integran el aparato militar y policial en Caracas, instándolos a «elegir un camino diferente» bajo la amenaza de mantener la asfixia económica. Esta postura ignora el estatus de Maduro como mandatario y trata la captura como un paso necesario para eliminar la influencia de potencias extranjeras en la región, lo que analistas califican como una invasión armada encubierta bajo una narrativa de seguridad interna.

Resistencia institucional en Venezuela

Mientras Rubio minimiza la operación militar alegando que no requirió aprobación del Congreso, en Venezuela la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina por mandato del Tribunal Supremo. Rodríguez ha denunciado el secuestro del jefe de Estado y exige su «liberación inmediata», manteniendo que la estructura institucional del país sigue vigente a pesar del ataque directo de Washington.

Para el gobierno estadounidense, el futuro de la nación sudamericana no dependerá del voto popular en el corto plazo, sino de cómo los intereses de seguridad de la Casa Blanca se vinculen con el control del territorio en los próximos meses, consolidando un esquema de intervención militar prolongada y condicionada.