El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este lunes la ley que formaliza la salida de Rusia de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura, un instrumento internacional que permitía inspecciones independientes a prisiones y centros de detención en los países firmantes.

La decisión ocurre más de tres años después de que Rusia fuera expulsada del Consejo de Europa, en marzo de 2022, tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. Aunque la expulsión supuso su exclusión de varias estructuras del organismo, Moscú todavía permanecía legalmente vinculada a algunos convenios, como el que regula la prevención de la tortura.

Con la firma del decreto presidencial, Rusia deja de estar obligada a permitir el acceso de observadores internacionales a su sistema penitenciario, un mecanismo que en la práctica ya estaba inactivo desde su salida del Consejo.

El Parlamento ruso ya había aprobado la medida, y en las notas explicativas que acompañan la ley se acusa al Consejo de Europa de haber actuado con «discriminación» por no permitir el nombramiento de un nuevo representante ruso ante el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desde 2023.

Alertas desde la ONU y organizaciones humanitarias

Relatores especiales de la ONU advirtieron a principios de septiembre que la salida de Rusia del convenio «levanta señales de alerta sobre lo que está ocurriendo tras las rejas» en los centros de detención del país.

Organizaciones de derechos humanos y el gobierno de Ucrania han denunciado sistemáticamente casos de tortura, desapariciones forzadas y tratos crueles tanto en prisiones rusas como en territorios ocupados por su ejército. Moscú ha rechazado las acusaciones y sostiene que también sus ciudadanos han sido víctimas de violaciones similares por parte de las fuerzas ucranianas.

La viceministra de Justicia de Rusia, Elena Ardabieva, aseguró durante una sesión en la Duma que la salida del convenio no significa un abandono de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Según dijo, Rusia continuará participando en otros tratados que condenan la tortura y establecen mecanismos de supervisión.

Crece el aislamiento institucional de Moscú

La medida profundiza el aislamiento institucional de Rusia frente a los organismos internacionales que vigilan los derechos fundamentales. Diversos observadores han señalado que la falta de acceso internacional a las cárceles y centros de detención del país podría abrir la puerta a un mayor nivel de impunidad.

Desde hace más de una década, organizaciones civiles han denunciado condiciones inadecuadas, uso excesivo de la fuerza y prácticas de tortura por parte de las fuerzas de seguridad rusas. La presión aumentó tras la guerra en Ucrania, cuando se multiplicaron los informes de abusos en zonas bajo ocupación.

Se amplía el servicio militar obligatorio

En la misma jornada, Putin firmó también un decreto que establece el segundo llamado a filas de 2025, que afectará a 135 mil ciudadanos rusos de entre 18 y 30 años. El reclutamiento será escalonado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Desde 2024, Rusia elevó la edad máxima para cumplir el servicio militar de 27 a 30 años. Aunque el gobierno ha asegurado que estos conscriptos no participarán en operaciones de combate en Ucrania, analistas internacionales han expresado dudas sobre esta afirmación, dado el desgaste de personal en el frente.

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