A finales de la década de 1960, surgió la preocupación en Estados Unidos de que el águila calva, su ave nacional, estuviera en riesgo de extinción debido a factores como la contaminación y la pérdida de hábitat.

En respuesta, el presidente Richard Nixon promulgó el 28 de diciembre de 1973 la Ley de Especies Amenazadas de Estados Unidos (ESA), estableciendo la obligación de crear planes científicos para salvar especies en peligro o amenazadas.

Aunque inicialmente centrada en la conservación de especies, la ESA ha demostrado ser fundamental para la preservación de hábitats clave, como bosques, praderas y humedales, que desempeñan un papel esencial en la absorción de dióxido de carbono y la mitigación del cambio climático.

A pesar de los desafíos y críticas de terratenientes e industrias extractivas, la ESA ha tenido beneficios colaterales significativos para las comunidades humanas, proporcionando agua y aire más limpios, así como reservas alimentarias prósperas. Sin embargo, a medida que el cambio climático se ha vuelto más evidente, la ESA enfrenta nuevos desafíos.

La administración Trump introdujo regulaciones que priorizaban los costos sobre la conservación, revirtiendo las protecciones previas de la ESA. Aunque la administración Biden está revirtiendo estas regulaciones, las agencias encargadas carecen de fondos suficientes, lo que ralentiza la inclusión de especies en la ley.

Además, el calentamiento global ya no es una amenaza futura, y las especies, como la perdiz coliblanca y el gorrión de las marismas saladas, están experimentando impactos directos debido al cambio climático.

En los próximos años, la protección de las especies enfrentará nuevos desafíos relacionados con el cambio climático, y será esencial equilibrar la conservación de la biodiversidad con las necesidades humanas.

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