Un exhaustivo informe publicado este viernes 13 de febrero de 2026 por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, liderado por la senadora demócrata Jeanne Shaheen, revela que la administración Trump ha invertido decenas de millones de dólares en una estrategia de deportación hacia naciones que no son el país de origen de los migrantes. Según el documento, el costo de estas operaciones ha llegado a superar el US$ 1 millón por persona en casos específicos, como los envíos realizados a Ruanda, donde el gobierno estadounidense pagó US$ 7,5 millones para el traslado de apenas siete individuos.

La investigación destaca que la administración ha firmado acuerdos con al menos 20 naciones —incluyendo Guinea Ecuatorial, Eswatini y Palau— ofreciendo incentivos económicos y favores políticos a cambio de recibir a ciudadanos extranjeros. En un esquema logístico calificado de ineficiente, se documentaron casos donde el gobierno pagó por enviar a un migrante a un tercer país para luego costear un segundo traslado hacia su nación de origen. Funcionarios citados en el informe sugieren que el objetivo primordial de estas rutas, a menudo operadas en aviones militares de alto costo, es generar un efecto disuasorio o «asustar» a potenciales solicitantes de asilo bajo la amenaza de ser abandonados en lugares remotos.

El informe pone especial énfasis en la situación de El Salvador, país que recibió la mayor cantidad de deportados bajo una subvención de US$ 4,76 millones. Organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal han denunciado que decenas de venezolanos enviados a prisiones salvadoreñas fueron víctimas de tortura y abusos graves. Paralelamente, la justicia federal intervino este jueves ordenando a la administración permitir que los venezolanos expulsados ilegalmente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros impugnen su proceso, lo que podría obligar al gobierno a retornar a varios de ellos a territorio estadounidense para sus audiencias judiciales.

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