El Senado de Texas aprobó este miércoles una legislación que prohíbe la distribución de píldoras abortivas en el estado y habilita a ciudadanos particulares para presentar demandas contra quienes faciliten su entrega, marcando un nuevo capítulo en las restricciones al aborto en Estados Unidos.

La propuesta, que ya había sido avalada por la Cámara de Representantes estatal a finales de agosto, fue adoptada con 17 votos a favor y 9 en contra, según el sitio oficial del Senado de Texas. Para entrar en vigor, la medida requiere la firma del gobernador republicano Greg Abbott, quien ya ha respaldado iniciativas similares en el pasado.

Demandas civiles y multas

De acuerdo con el texto legislativo, cualquier persona podrá presentar una demanda civil contra quien prescriba, fabrique o envíe píldoras abortivas en el estado. La norma establece que el demandante podrá recibir una compensación mínima de 100 mil dólares por caso, además del pago de costos legales, lo que ha generado preocupación por posibles abusos del sistema judicial.

La ley no contempla sanciones para las mujeres que intenten obtener los medicamentos, pero prohíbe tajantemente su producción, prescripción o distribución, incluso por correo.

El senador republicano Bryan Hughes, principal impulsor de la medida, justificó la legislación como una forma de «proteger al bebé que crece en el vientre de su madre» y frenar lo que calificó como “el interés de las grandes farmacéuticas por obtener ganancias a costa de la vida humana”, según escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En contraste, la senadora demócrata Carol Alvarado expresó su rechazo, asegurando que la ley convierte a los ciudadanos “en cazarrecompensas”, de acuerdo con declaraciones recogidas por The New York Times.

Contexto nacional

Esta legislación representa un nuevo avance del movimiento antiaborto en EE.UU., que ha cobrado fuerza tras la decisión de la Corte Suprema en 2022 de anular el fallo Roe v. Wade, eliminando el derecho constitucional al aborto y devolviendo a los estados la potestad de legislar sobre el tema. Desde entonces, al menos 20 estados han implementado prohibiciones totales o restricciones severas.

Texas, uno de los estados más restrictivos, prohíbe actualmente el aborto en casi todos los casos, incluyendo situaciones de violación o incesto. Solo se contemplan excepciones cuando la vida o la salud de la madre está en peligro grave.

En medio del debate legal, se han registrado múltiples acciones judiciales en relación con el uso de medicamentos abortivos. Un médico de Nueva York fue recientemente sancionado con una multa de 100 mil dólares en Texas y enfrenta cargos penales en Luisiana por prescribir píldoras abortivas de forma remota a pacientes en ambos estados.

En otro caso, un ciudadano texano presentó una demanda contra un médico de California, alegando que este último había enviado medicamentos abortivos a su pareja.

Con esta nueva legislación, Texas refuerza su enfoque legal hacia el aborto, trasladando parte de la aplicación de la norma a manos de ciudadanos privados, lo que ha sido interpretado por críticos como un incentivo para la vigilancia y la denuncia entre particulares.

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