El Gobierno de España prepara una iniciativa legislativa para penalizar la compra de servicios sexuales, en línea con el enfoque abolicionista que han adoptado países como Suecia, Noruega y Francia. Según la agencia EFE, el proyecto de ley será presentado en septiembre y forma parte de las prioridades del Ministerio de Igualdad.

La ministra Ana Redondo anunció esta propuesta en junio pasado, subrayando que el objetivo es combatir la explotación sexual mediante la criminalización de la demanda, es decir, sancionando a quienes pagan por sexo. El modelo que inspira esta medida es el sueco, vigente desde 1998, que considera la prostitución una forma de violencia estructural contra las mujeres.

Desde la aprobación de la ley en Suecia, otras naciones europeas han adoptado enfoques similares. Francia, por ejemplo, implementó en 2016 una legislación que impone sanciones de hasta 1,500 euros a los clientes de prostitución, con multas más severas en casos de reincidencia.

En contraste, países como Alemania, Países Bajos, Austria y Suiza han optado por regular legalmente la prostitución, permitiendo su ejercicio bajo ciertas condiciones. España, por su parte, no cuenta actualmente con una normativa específica que regule esta actividad, lo que ha generado un vacío legal en torno a su práctica.

Con la nueva legislación, el Ejecutivo español pretende avanzar hacia la abolición de la prostitución, bajo la premisa de que se trata de una manifestación de violencia y una forma de explotación que debe ser erradicada. El Gobierno considera que la criminalización de la demanda es un paso clave para proteger los derechos humanos y reducir el tráfico sexual en el país.

El debate sobre esta propuesta se anticipa intenso en el Congreso, donde diversas posturas políticas y sociales han manifestado posiciones encontradas sobre cómo abordar el fenómeno de la prostitución en España.

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