La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes la reanudación de detenciones migratorias a gran escala en el área metropolitana de Los Ángeles, al suspender una orden judicial que limitaba severamente las facultades de las autoridades migratorias. La decisión permite que el gobierno federal retome operativos de arresto sin necesidad de presentar sospechas individuales razonables sobre la situación migratoria de los detenidos.

El fallo, emitido con el voto disidente de tres magistradas, levanta una medida que había sido impuesta por una jueza federal en California y que prohibía detener personas únicamente por su apariencia racial, idioma o tipo de empleo.

Con esta resolución, el máximo tribunal respalda los esfuerzos de la administración del expresidente Donald Trump, que había catalogado al sur de California como una «zona prioritaria» en su política de control migratorio. Según estimaciones oficiales, cerca de dos millones de personas en el Distrito Central de California —que incluye el área de Los Ángeles— residen en el país sin autorización legal.

La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien había impuesto la restricción ahora anulada, argumentó previamente que existía evidencia suficiente sobre prácticas sistemáticas de detención que vulneraban la Cuarta Enmienda de la Constitución. Dicha enmienda protege contra registros y detenciones arbitrarias por parte del Estado.

Frimpong sostuvo que los operativos se apoyaban en perfiles raciales, el uso del idioma español o el hecho de estar presente en ciertos lugares, como paradas de autobús o puntos de reunión de jornaleros. Su decisión fue impugnada por el Departamento de Justicia, que calificó la orden como un obstáculo operativo para los agentes federales y un riesgo para su seguridad.

Entre los demandantes originales se encuentra Brian Gavidia, un ciudadano estadounidense que afirmó haber sido interceptado por agentes armados mientras trabajaba. Según su testimonio, pese a acreditar su estatus legal, fue objeto de un intento de detención, lo que derivó en una demanda junto con otras personas y organizaciones civiles.

El caso se originó a raíz de una redada en Pasadena, en la que fueron arrestados tres jornaleros en una tienda de donas. La operación desató críticas generalizadas y llevó a la intervención de la Guardia Nacional en junio pasado, cuando el gobierno federal intensificó los controles en centros laborales. El propio Trump describió entonces la acción como la “mayor operación de deportación masiva de la historia”.

En su voto disidente, la jueza Sonia Sotomayor expresó preocupación por las implicaciones del fallo. Señaló que no se debe permitir que el gobierno actúe en base a estereotipos raciales o socioeconómicos. A su juicio, permitir detenciones de personas “que parezcan latinas, hablen español o trabajen en empleos mal remunerados” representa una amenaza directa a las libertades constitucionales.

Por su parte, los representantes legales de los demandantes sostienen que la resolución abre la puerta a una “red de inmigración indiscriminada” que podría afectar no solo a migrantes indocumentados, sino también a residentes legales e incluso ciudadanos estadounidenses.

Aunque el fallo no resuelve el fondo del caso, sí permite al gobierno continuar con los operativos mientras el litigio avanza en tribunales inferiores, lo que ha encendido nuevas alarmas entre organizaciones defensoras de derechos civiles.

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