El naufragio de una embarcación frente a las islas españolas de Canarias aumentó la presión para alcanzar un acuerdo que permita el traslado de miles de migrantes menores de edad desde el archipiélago a la España peninsular.

En total, 27 personas fueron rescatadas y se recuperaron nueve cadáveres después de que una embarcación que transportaba a migrantes volcara el fin de semana frente a El Hierro, la isla más occidental del archipiélago atlántico.

Fuentes del gobierno español dijeron que la embarcación –que había zarpado de Nuadibú, en Mauritania, a unos 800 kilómetros de distancia– podría haber transportado hasta 90 personas, lo que elevaría el número de desaparecidos y presuntos muertos a más de 50.

Un balance semejante convertiría este suceso en el más grave acontecido cerca de las islas Canarias

Un balance semejante convertiría este suceso en el más grave acontecido cerca de las islas Canarias en tres décadas de travesías de migrantes desde África.

La tragedia ha puesto de manifiesto el gran aumento de las llegadas de migrantes a Canarias, que está llevando al borde del colapso los recursos de estas islas situadas frente a la costa noroeste de África, especialmente en lo que se refiere a los menores, que representan alrededor del 12% de las personas que arriban.

Tras el naufragio de la embarcación, el jefe del gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, instó de nuevo a los partidos políticos a modificar la ley para permitir los traslados de migrantes menores de 18 años a otras regiones de la España peninsular para repartir la carga.

«Estamos en una situación de crisis humanitaria en mayúsculas. Necesitamos que nos ayuden, el pueblo canario necesita ayuda», imploró Clavijo, en declaraciones a la prensa.

Bajo la ley española, las autoridades regionales del lugar al que llegan los menores se hacen responsables de su custodia.

Sin embargo, el gobierno regional canario dice estar superado con 5.500 migrantes menores a su cargo, cuando su capacidad es de 2.000.

– Una negociación muy «complicada» –

Las conversaciones entre el gobierno en minoría del presidente socialista Pedro Sánchez, el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), y las autoridades regionales canarias sobre un acuerdo que permita trasladar menores migrantes a otros sitios de España se reanudaron esta semana, tras fracasar un intento anterior en julio.

El objetivo de las discusiones es reformar la ley para hacer posible el traslado de los menores de 18 años solos desde una región que afronte un gran numero de llegadas, como por ejemplo Canarias, a otras que puedan ofrecerles mejores condiciones.

Algunos regiones dirigidas por el PP reclaman, a cambio, más financiación del gobierno central para reforzar la seguridad si aceptan a menores migrantes, explicó la politóloga Cristina Monge.

Están «vinculando la cuestión de los menores que llegan solos con un problema de seguridad», de manera que se convierte en «una negociación política muy complicada», dijo Monge a AFP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que rivaliza a nivel electoral con el partido de extrema derecha Vox, dijo recientemente que España afronta una «emergencia migratoria».

En repetidas ocasiones, el líder conservador ha relacionado la migración con la delincuencia, y en julio afirmó que eran necesarios controles fronterizos más estrictos porque «los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle».

En los nueve primeros meses del año desembarcaron en Canarias 30.808 migrantes, más del doble de los que llegaron en el mismo periodo del año anterior, según datos del ministerio del Interior.

Casi 40.000 migrantes entraron en el archipiélago en 2023, un récord que va camino de batirse este año.

Máxima preocupación

La migración es ya el asunto que más preocupa a los españoles, según el último sondeo del instituto estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La presencia recurrente en los medios de imágenes de barcas abarrotadas de migrantes llegando a las costas españolas «generan alarma, generan preocupación», estimó Monge.

«Creo que le puede pasar factura al gobierno», sostuvo la politóloga.

Sánchez realizó en agosto una gira por países del oeste de África en un intento de impulsar los esfuerzos locales para frenar la migración ilegal procedente de Mauritania, Senegal y Gambia, principales puntos de partida de las embarcaciones que se dirigen a las Canarias.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo el martes que esa cooperación con los países africanos ya evitó alrededor del 40% de las «salidas irregulares» de migrantes hacia las Canarias.

«Eso es salvar vidas», añadió.

La ruta atlántica hacia las islas Canarias es especialmente peligrosa por culpa de las fuertes corrientes. Además, los migrantes viajan en embarcaciones sobrecargadas, poco aptas para la navegación y sin suficiente agua potable o alimentos.

*Con información de AFP*