El futuro de más de 500 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos quedó en duda después de que la Corte Suprema de EE.UU. decidiera este 30 de mayo, que la administración del presidente Donald Trump puede revocar el programa de "parole" humanitario que les otorgaba residencia temporal y permiso de trabajo. Este programa, implementado por la administración de Joe Biden en 2022, permitía a los migrantes de estos países ingresar legalmente a EE.UU. por un periodo de dos años, siempre que cumplieran con ciertos requisitos, como contar con un patrocinador financiero y superar los controles de seguridad.

La medida de revocación, que afecta a cientos de miles de personas, deja a los beneficiarios expuestos a una posible deportación acelerada mientras continúa el litigio sobre la legalidad de esta revocación en tribunales inferiores. En su resolución, la Corte Suprema no emitió una argumentación escrita y adoptó su decisión en respuesta a una apelación presentada por el gobierno de Trump, que había impugnado la extensión del "parole" bajo la administración Biden.

Las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo, advirtiendo que permitir la revocación sin una evaluación individualizada podría causar daños devastadores a los migrantes afectados.

El programa de "parole", que permite el ingreso de migrantes por razones humanitarias o de interés público, tiene antecedentes en la política migratoria de EE.UU. desde la década de 1950, cuando se usó para permitir la entrada de refugiados de diversas crisis globales, como la represión soviética en Hungría. Sin embargo, la administración de Trump había ordenado el fin de estos programas de manera generalizada, y la revocación de los permisos de los migrantes se produjo tras la firma de una orden ejecutiva el 20 de enero, lo que abrió una serie de impugnaciones legales.

Grupos de migrantes y sus patrocinadores argumentaron que la terminación masiva del programa viola la ley federal, que exige una revisión individualizada de cada caso. La jueza Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, falló en abril a favor de los migrantes, pero su decisión fue apelada por el Departamento de Justicia. En su apelación, el gobierno de Trump defendió que la autoridad sobre el "parole" es discrecional y que la revocación responde a una necesidad de reforzar las políticas migratorias del país.

Por otro lado, los abogados de los migrantes advirtieron que una cancelación abrupta del programa podría generar un sufrimiento humano significativo, separando a las familias y exponiendo a los beneficiarios a riesgos graves en sus países de origen, donde muchos enfrentan persecución y violencia. Además, se destacó el impacto económico de la medida, ya que los migrantes amparados por el "parole" han desempeñado un papel crucial en sectores clave como la salud, la construcción y la manufactura, donde han ocupado vacantes laborales.

La decisión de la Corte Suprema también es parte de un conjunto de resoluciones que han respondido a los intentos de la administración Trump de desmantelar las políticas migratorias establecidas por su sucesor. En mayo, la Corte también permitió la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 venezolanos, lo que ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes.

A pesar de la decisión del tribunal, el caso continuará en instancias inferiores, y no está claro cuántos migrantes afectados por el "parole" se encontrarán ahora en riesgo de deportación. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de estos migrantes persiste, mientras que tanto defensores de los derechos humanos como autoridades locales alertan sobre las graves consecuencias sociales y económicas que podría acarrear esta revocación masiva del estatus legal.

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