El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un desafío significativo a su política arancelaria, ya que la Corte Suprema evalúa la legalidad de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).

Durante la audiencia, los jueces cuestionaron si la definición de estas tarifas recae en el Poder Ejecutivo o en el Congreso, y reiteraron que el propósito de las medidas bajo IEEPA debería ser regulatorio, no meramente recaudatorio.

Analistas como Damon Pike, de BDO USA, consideran que «según las preguntas realizadas por los jueces, las tarifas IEEPA parecen estar en riesgo», lo que incrementa las previsiones de que la Corte podría anular esta política insignia del gobierno republicano.

La Defensa

Pese a la presión judicial, la administración Trump defendió su política. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el objetivo no es la recaudación, sino corregir años de prácticas comerciales perjudiciales y fortalecer la producción interna.

«El objetivo es recuperar la industria manufacturera y corregir los desequilibrios y barreras con nuestros socios», publicó Bessent, insistiendo en que el fortalecimiento de la industria nacional debería sustituir progresivamente a los productos importados a medida que el comercio se equilibre.

No obstante, Trump ya adelantó que si la Corte bloquea su medida, buscará otras vías, aunque admitió que estas «son más lentas en comparación» con la aplicación directa de los aranceles bajo la IEEPA.

Uno de los puntos más críticos y que generó mayor inquietud en la Corte fue la cuestión de los reembolsos. Las empresas han pagado más de 100 mil millones de dólares en aranceles bajo la IEEPA, y un fallo adverso podría obligar a su restitución.

El dictamen definitivo de la Corte Suprema se espera para finales de junio, al cierre del actual periodo judicial, marcando un momento decisivo para el futuro de la economía y el comercio exterior de Estados Unidos.