El gobierno de Estados Unidos anunció un incremento significativo en los incentivos económicos para la autodeportación voluntaria, en medio de una estrategia más amplia para endurecer su política migratoria rumbo a 2026. La medida fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se da en un contexto de más de 600 mil deportaciones registradas en lo que va de 2025.

De acuerdo con el DHS, la administración del presidente Donald Trump elevó de mil a tres mil dólares el estipendio que se ofrecerá a personas que se encuentren en situación migratoria irregular y acepten salir del país de manera voluntaria antes de que concluya el año. El programa incluye, además, un vuelo gratuito al país de origen.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que la iniciativa busca reducir costos operativos y acelerar las salidas. En un comunicado oficial, advirtió que quienes no acepten la opción voluntaria se enfrentarán a detención y deportación forzada, con la imposibilidad de regresar a Estados Unidos en el futuro.

Para facilitar el proceso, el gobierno relanzó la aplicación CBP Home, anteriormente conocida como CBP One, que durante la administración de Joe Biden fue utilizada para permitir el ingreso legal de migrantes bajo ciertos programas humanitarios. Ahora, la plataforma se emplea como vía para registrar solicitudes de salida voluntaria.

El DHS ha señalado que el costo promedio de arrestar, detener y deportar a una persona sin estatus legal asciende a 17 mil dólares, lo que, según autoridades, justifica el incentivo económico como una alternativa menos onerosa para el Estado.

Aunque Trump prometió deportar hasta un millón de personas por año, las cifras oficiales indican que en 2025 se han concretado alrededor de 622 mil deportaciones. Funcionarios estadounidenses anticipan que en 2026 se implementará una ofensiva más agresiva, respaldada por miles de millones de dólares adicionales, la contratación de nuevos agentes migratorios, la apertura de centros de detención y alianzas con empresas privadas para la localización de personas sin estatus legal.

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