En su primer día de regreso al cargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que ha generado controversia al obligar a las prisiones federales a alojar a las mujeres transgénero en instalaciones para hombres y detener los tratamientos médicos relacionados con la transición de género.

Esta medida, es parte de una amplia orden destinada a limitar el reconocimiento gubernamental del género únicamente al sexo asignado al nacer, ha desatado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de las personas transgénero.

La orden ejecutiva, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, también se aplica a las personas detenidas en instalaciones de inmigración, ampliando significativamente su alcance.

Esta política ha sido condenada por expertos legales y defensores de los derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos que representa para la seguridad y la salud de los presos trans.

1,500 mujeres transgénero están recluidas

Según el Buró de Prisiones, actualmente alrededor de 1,500 mujeres transgénero se encuentran en prisiones federales, representando aproximadamente el 15% de las mujeres encarceladas. Por otro lado, hay 750 hombres transgénero en las mismas instalaciones.

Estas personas, aunque constituyen una proporción pequeña de la población carcelaria, son desproporcionadamente afectadas por el sistema de justicia penal debido a la discriminación y otras dificultades.

Trump emite orden que obliga a mujeres trans a ser encarceladas con hombres y prohíbe tratamientos de transición

Además de las disposiciones relacionadas con el alojamiento, la orden ejecutiva prohíbe el uso de fondos federales para tratamientos médicos relacionados con la transición de género, lo que incluye terapia hormonal y procedimientos quirúrgicos.

Especialistas aseguran que este cambio repercutirá en la salud mental de las reclusas

Activistas y organizaciones médicas han alertado sobre los efectos perjudiciales de esta medida, que consideran afectará negativamente la salud y el bienestar de las personas transgénero en prisión.

El uso frecuente del confinamiento en solitario para personas trans también ha sido denunciado como una práctica dañina para la salud mental.

La vulnerabilidad de los presos transgénero ya había sido reconocida por la Corte Suprema en 1994, pero la nueva orden de Trump plantea desafíos adicionales para la protección de este grupo.

Defensores de los derechos LGBTQ anticipan batallas legales para desafiar la implementación de estas políticas, argumentando que violan las protecciones constitucionales y la obligación de los sistemas penitenciarios de proteger a los reclusos vulnerables.

La orden ejecutiva de Trump sobre personas transgénero en prisiones federales ha despertado preocupación y críticas, y se espera que siga generando debate en los próximos días.

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