El Gobierno del presidente Donald Trump se enfrenta a un creciente número de demandas por presuntas violaciones a los derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses y residentes legales detenidos durante operativos migratorios. Las querellas, presentadas en tribunales federales, denuncian uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso agresiones físicas, y buscan indemnizaciones que van desde uno hasta 50 millones de dólares por caso.

Uno de los casos más notorios es el de Leonardo García Venegas, un trabajador de la construcción en Alabama y ciudadano estadounidense por nacimiento, quien fue arrestado en dos ocasiones durante redadas en obras. Representado por el Institute for Justice, García Venegas argumenta que sus detenciones fueron “irrazonables” y violaron la Cuarta Enmienda, que protege contra arrestos sin causa probable. En ambos episodios, según su defensa, los agentes ignoraron sus documentos de identificación válidos y lo mantuvieron esposado incluso después de comprobar su estatus legal. Su caso forma parte de una querella colectiva que incluye a al menos otros 19 trabajadores que habrían vivido situaciones similares.

Además de estos incidentes, la administración también enfrenta una demanda por parte de Rafie Ollah Shouhed, un hombre de 79 años que asegura haber sido agredido por agentes durante una redada en su negocio en Los Ángeles. En el documento legal, Shouhed alega que fue arrojado al suelo a pesar de haber informado que se recuperaba de una cirugía de corazón. La querella señala que fue trasladado esposado a un centro de detención, donde permaneció más de 12 horas sin atención médica y sin posibilidad de comunicarse con su familia.

La defensa legal del empresario denuncia violaciones a la Ley Bane de California, que protege los derechos constitucionales frente al uso de la fuerza o amenazas por parte de funcionarios. En ambos casos, los videos de vigilancia han sido utilizados como parte de las pruebas presentadas.

Estos procesos legales se suman a otras cinco demandas individuales anunciadas en agosto por ciudadanos y residentes permanentes que afirman haber sido detenidos de forma arbitraria. Entre los demandantes también se encuentra Cary López Alvarado, quien estaba embarazada al momento de su arresto y sostiene que el parto prematuro de su hijo fue consecuencia directa del estrés y las condiciones de su detención.

Luis Carrillo, abogado de varios de los demandantes, calificó las acciones de las autoridades migratorias como “brutales” y adelantó que, junto a la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, presentarán una petición formal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exigir una investigación internacional.

Desde el inicio de su despliegue, las redadas migratorias de la administración Trump han generado polémica tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, estas demandas abren un nuevo hecho al incluir a ciudadanos estadounidenses entre los afectados directos, lo que podría tener implicaciones legales significativas para el gobierno federal.

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