El presidente Donald Trump firmó este miércoles un decreto que ordena una revisión profunda de las normas que regulan las exportaciones de equipos militares estadounidenses.

La iniciativa busca agilizar la venta de armas a aliados estratégicos, eliminando barreras burocráticas y mejorando la eficiencia del proceso de aprobación de exportaciones militares.

Durante la ceremonia en el Salón Oval, Trump estuvo acompañado de su equipo de seguridad nacional y representantes de la industria de defensa de Estados Unidos.

Will Scharf, asesor de la Casa Blanca, afirmó que las reglas actuales han demostrado ser ineficaces, afectando la confiabilidad con la que se entregan armas a aliados.

"Somos incapaces de proporcionar sistemas de armas de una manera fiable y eficaz a nuestros aliados, y el motor clave de eso son las ineficiencias e inconsistencias con el proceso por el cual aprobamos las ventas militares al extranjero", aseguró Scharf frente a los medios.

Industria armamentista nacional

El decreto también apunta a fortalecer la industria armamentista nacional, generando empleos e ingresos a través de mayores ventas internacionales de empresas como Lockheed Martin y Boeing.

Reuters informó días antes que Trump preparaba este cambio desde hace meses, inspirado por propuestas del congresista Michael Waltz, ahora su asesor de seguridad nacional.

Durante su primer mandato, Trump manifestó reiteradamente su molestia por las demoras legislativas en aprobaciones de exportación por razones humanitarias o políticas. La Ley de Control de Exportación de Armas otorga actualmente al Congreso autoridad para revisar ventas, dependiendo del país destinatario y el volumen del acuerdo.

Este nuevo decreto podría disminuir esa supervisión, facilitando transacciones más ágiles, aunque también plantea preocupaciones sobre derechos humanos y controles internacionales.

Además de este decreto, Trump firmó otro documento que ordena revisar todos los programas de adquisiciones del Departamento de Defensa para mejorar su eficiencia operativa. Los analistas señalan que esta estrategia podría beneficiar a grandes contratistas, pero también tensionar relaciones con el Congreso y sectores defensores de los derechos humanos.

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