La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia migratoria al utilizar hasta 150 cárceles locales para retener a personas migrantes, en respuesta a un incremento del 49% en la población bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025.

De acuerdo con datos oficiales, en la primera mitad de julio ICE tenía detenidas a 55,568 personas, un aumento de casi 18 mil con respecto a las cifras de finales de enero. La agencia ha recurrido a una red diversa de instalaciones, que incluye prisiones federales, centros de detención especializados y cárceles operadas por condados, como el nuevo centro conocido informalmente como Alligator Alcatraz, ubicado en Florida.

Aumento en el número de centros activos

Durante junio, ICE reportó 436 instalaciones activas —es decir, lugares donde al menos una persona fue detenida—, un crecimiento del 7.13% en comparación con el inicio del año. Este aumento también representa un alza del 14.44% respecto al mismo mes de 2024, según un informe de la organización civil Vera.

A pesar del reporte oficial, otras organizaciones han advertido sobre una posible subestimación del número real de centros utilizados. Investigaciones del Marshall Project y de la Prison Policy Initiative indican que existen instalaciones que albergan migrantes y que no aparecen en los informes públicos de ICE. Según sus estimaciones, entre mayo y junio hubo más de 10,500 personas detenidas en al menos 80 cárceles locales, y más de 6,600 en 150 cárceles, respectivamente.

Más del 70% de los detenidos no tienen condenas penales

Un análisis del proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse reveló que el 71.1% de las personas migrantes detenidas actualmente no enfrentan sentencias penales, lo que significa que su detención obedece únicamente a razones migratorias. Además, tres de cada cuatro centros con personas bajo custodia migratoria operan por encima de su capacidad, siendo en su mayoría cárceles de condados.

Susan B. Long, codirectora de TRAC, advirtió sobre la falta de transparencia en los informes del gobierno federal. “Tenemos muchos datos dispersos, pero no un panorama claro. Los sitios cambian con frecuencia y aparecen nuevos centros que no son registrados oficialmente”, explicó. Citó como ejemplo al centro Alligator Alcatraz, que no figura en los registros oficiales pese a los reportes de prensa sobre su funcionamiento desde el 3 de julio.

Un sistema con antecedentes, pero en expansión

Michael Flynn, director ejecutivo del Global Detention Project, subrayó que Estados Unidos ha utilizado históricamente instalaciones policiales y penitenciarias para la detención de migrantes, pero señaló que la magnitud actual es particularmente elevada. “No es nuevo, pero los números son realmente impactantes”, afirmó.

Organizaciones como Freedom for Immigrants han manifestado preocupación por el creciente papel del sector privado en este sistema. Actualmente, nueve de cada diez personas detenidas se encuentran en centros operados por contratistas privados. Según un análisis del American Immigration Council, se prevé que ICE reciba hasta 45 mil millones de dólares para construir nuevos centros de detención hasta 2029, una cifra 62% superior al presupuesto total del sistema federal de prisiones.

Jeff Migliozzi, portavoz de Freedom for Immigrants, advierte que esta situación puede generar conflictos de interés, dado que la expansión del sistema de detención beneficia económicamente a empresas privadas que participan en su operación.

Este panorama refuerza el enfoque de la administración Trump sobre la migración irregular, en una estrategia que combina endurecimiento de políticas, incremento de detenciones y expansión del sistema carcelario migratorio, en medio de cuestionamientos por transparencia, derechos humanos y eficiencia presupuestaria.

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