El gobierno del presidente Donald Trump intensificará el combate al tráfico de armas hacia México, instruyendo una política de “mano dura” a todas las agencias con jurisdicción fronteriza.

En una rueda de prensa en Arizona, funcionarios federales anunciaron nuevas medidas coordinadas para frenar el flujo de armamento que llega a los cárteles mexicanos, fortaleciendo su poder criminal.

La fiscal general Pam Bondi respaldó la directiva, que apunta a utilizar nuevas herramientas legales luego de la designación de varias organizaciones del narcotráfico como terroristas extranjeras.

Entre las agencias involucradas se encuentran el Departamento de Justicia, la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego (ATF), y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Estas dependencias advirtieron que los intermediarios o compradores ilegales de armas en tiendas estadounidenses enfrentarán consecuencias penales más severas bajo el nuevo marco legal antiterrorista.

Organizaciones terroristas

La administración Trump designó como organizaciones terroristas a grupos como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, Cárteles Unidos, y La Nueva Familia Michoacana, entre otros.

También fueron incluidos el Tren de Aragua de Venezuela y la pandilla MS-13, ampliando la lista de amenazas globales con vínculos en América Latina.

Con esta designación, los activos financieros de estos grupos quedan congelados en Estados Unidos, y se prohíbe todo tipo de apoyo económico o logístico hacia ellos.

Las instituciones financieras deben bloquear cualquier operación vinculada con dichas organizaciones, reforzando las acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado.

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