En un giro inesperado para frenar la creciente indignación nacional, el presidente Donald Trump ordenó este sábado el retiro de los agentes federales de las manifestaciones en Minneapolis y otras ciudades de administración demócrata. La decisión ocurre tras el estallido social provocado por la muerte de Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que fallecieron por disparos de fuerzas federales durante protestas contra las redadas migratorias.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a cesar la participación federal en disturbios locales, a menos que los gobernadores soliciten ayuda formalmente. Sin embargo, Trump dejó claro que la protección de la propiedad federal no es negociable:

Defensa de edificios: Los agentes mantendrán una vigilancia «con gran firmeza» sobre oficinas y tribunales federales.

Advertencia de fuerza: Trump avisó que cualquier agresión física contra los oficiales o daños a vehículos oficiales tendrá «consecuencias iguales o mayores» para los responsables, a quienes calificó de «insurrectos pagados».

A pesar de la retirada de los agentes de la línea de fuego en las protestas, la política de fondo no ha cambiado. El despliegue de la operación ‘Metro Surge’, diseñada para arrestar a migrantes indocumentados en Minnesota, seguirá activa. Para gestionar esta transición, el «zar fronterizo» Tom Homan ha sido enviado a la zona con la misión de buscar una «desescalada» operativa sin detener las redadas que han puesto en pie de guerra al estado gobernado por demócratas.

La noticia del repliegue coincide con un golpe judicial para la administración: un juez federal ordenó hoy la liberación inmediata de Liam Conejo, el niño de 5 años detenido junto a su padre en Minnesota y trasladado a Texas, un caso que se convirtió en el rostro del rechazo a la brutalidad de la policía migratoria.

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