El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha instruido a su administración para iniciar de inmediato un nuevo censo nacional, adelantándose cinco años al conteo previsto constitucionalmente para 2030. La medida ha generado controversia, especialmente por la intención de excluir del conteo a personas inmigrantes sin estatus legal.

La orden fue comunicada a través de la red social del propio mandatario, Truth Social, donde señaló que el Departamento de Comercio trabajará en un “nuevo CENSO de alta precisión”, el cual estará basado en datos actualizados, incluidos aquellos derivados de las elecciones presidenciales de 2024.

Trump subrayó que este nuevo conteo no incluirá a inmigrantes indocumentados, pese a que históricamente el censo en Estados Unidos ha contado a todas las personas que residen en el país, sin importar su estatus migratorio. Esta decisión representa un cambio significativo respecto a los criterios establecidos por décadas para el levantamiento del censo poblacional.

El último censo oficial se realizó en 2020, y de acuerdo con la Constitución estadounidense, debe llevarse a cabo cada 10 años. Los resultados obtenidos son utilizados para definir la representación en el Congreso y la distribución de distritos electorales, así como para asignar recursos federales. Si bien el Congreso tiene la capacidad de autorizar censos adicionales para fines estadísticos, estos no sustituyen los conteos decenales ni pueden emplearse para redibujar mapas electorales.

El anuncio ocurre en un contexto de intensos debates sobre la redistribución de distritos electorales. En Texas, legisladores republicanos han promovido una reconfiguración del mapa electoral que, según sus críticos, favorecería al Partido Republicano con hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa, respaldada por Trump, ha provocado la oposición de legisladores demócratas estatales, algunos de los cuales han abandonado el estado para frenar el avance de la medida.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió con amenazas de destitución y arresto contra los legisladores ausentes, en un conflicto político que pone de relieve la creciente polarización en torno a los procesos electorales y de representación.

Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han advertido que modificar el censo para excluir a ciertos grupos puede tener implicaciones constitucionales y éticas. Argumentan que cualquier intento de usar censos intermedios para alterar la representación política contraviene la intención del mandato constitucional.

Mientras tanto, la administración Trump insiste en que el nuevo conteo es necesario para “reflejar con mayor precisión” la población elegible en temas electorales y de representación. La medida aún podría enfrentar desafíos judiciales o legislativos en las próximas semanas.

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