El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Tribunal Supremo que respalde su política de eliminar la opción «X» en los pasaportes estadounidenses y mantener únicamente el género asignado al nacer como marcador válido en estos documentos, una medida que afectaría directamente a personas trans y no binarias.

La petición fue interpuesta por el Departamento de Justicia después de que una jueza federal anulara la norma propuesta por la administración Trump, permitiendo que continúe el uso de marcadores de género alternativos, como la opción «X» introducida durante el gobierno de Joe Biden en 2022.

Argumentos oficiales

La actual administración sostiene que el sexo biológico es un dato más confiable para propósitos de identificación oficial. En su solicitud al máximo tribunal, el Departamento de Justicia argumentó que la identidad de género es “subjetiva, variable y no verificable de manera consistente”, mientras que el sexo asignado al nacer es descrito como un “rasgo inmutable” que ofrece mayor certeza administrativa.

“La orden ejecutiva explicaba que ese rasgo inmutable es una mejor base para la identificación que la identidad de género, que representa una sensación interna y puede cambiar con el tiempo”, se expone en el documento judicial.

Antecedentes y reacción pública

La decisión de Trump, que forma parte de una serie de acciones restrictivas hacia los derechos de la comunidad LGTBIQ+, ha generado fuertes reacciones de grupos defensores de derechos civiles. Consideran que estas políticas representan un retroceso en el reconocimiento legal de la diversidad de género.

Durante su actual mandato, Trump ha impulsado otras medidas controvertidas, como prohibir la participación de mujeres trans en competiciones deportivas femeninas y restringir la atención médica afirmativa de género en programas federales.

De ser aprobada por la Corte Suprema —de mayoría conservadora— esta medida impediría que personas trans y no binarias puedan reflejar legalmente su identidad de género en documentos oficiales, afectando viajes internacionales, trámites legales y derechos civiles vinculados a la identificación.

La decisión podría tener repercusiones legales y sociales de gran alcance, en un país donde la identidad de género se ha convertido en un tema central de disputa política y jurídica.

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