El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que todas las personas condenadas por asesinato en la capital del país reciban la pena de muerte, como parte de una estrategia que, aseguró, busca combatir el crimen violento en la ciudad.

Durante la séptima reunión de su gabinete celebrada este martes, Trump afirmó que su administración impulsará una política de “tolerancia cero” contra el homicidio, medida que describió como “una herramienta fuerte de disuasión” para reducir la criminalidad.

“Si alguien asesina a otra persona en la capital, será pena de muerte”, declaró Trump, quien agregó que toda su administración está alineada con la propuesta. “No sé si estamos preparados para esto en este país, pero no tenemos otra opción”, insistió.

El crimen en la capital, foco de intervención federal

La propuesta se enmarca dentro de una intervención federal en Washington D.C., donde Trump asumió temporalmente el control de la seguridad desde el 11 de agosto, amparado en disposiciones legales que permiten dicha medida en caso de “emergencia”.

Aunque las estadísticas oficiales muestran que los índices de criminalidad han disminuido en los últimos 30 años, Trump considera que los niveles actuales siguen siendo inaceptables.

Como parte de esta intervención, más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional patrullan actualmente la ciudad, con refuerzos enviados por al menos seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee). A estos se suman agentes del FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Más de mil arrestos en dos semanas

La fiscal general Pam Bondi informó que, desde el inicio de la intervención, se han realizado 1,094 arrestos y se han confiscado 115 armas ilegales en distintos operativos.

Bondi respaldó la iniciativa presidencial y aseguró que las detenciones buscan restaurar la seguridad en áreas afectadas por el crimen organizado.

Organizaciones civiles y activistas en defensa de los derechos humanos han manifestado preocupación por el uso de agencias federales en tareas de control local, argumentando que estas medidas se están utilizando también para detener a personas migrantes sin documentos, lo que consideran una politización de la seguridad pública.

Además, algunos juristas han señalado que la propuesta de Trump sobre la pena de muerte podría enfrentar desafíos constitucionales, al imponer una pena obligatoria sin considerar las circunstancias del caso, lo cual ha sido objeto de cuestionamientos por la Suprema Corte en el pasado.

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